“La vida es para eso, para gastarla… por los demás”, dijo Luis Espinal al resumir las razones que le impulsaron a plegarse a la huelga de hambre que iniciaron cuatro mujeres mineras el día de los Santos Inocentes de 1977 a favor de la amnistía política, un movimiento que marcó el principio del fin de la dictadura de Hugo Banzer Suárez. Eran las épocas predemocráticas, cuando la consigna de “¡Amnistía general e irrestricta!” solía alterar las fiestas navideñas de los gobiernos autoritarios de turno.
El último decreto de amnistía de que se tiene memoria es el que suscribió Banzer Suárez en vísperas de la Navidad de 1976, pero el carácter restrictivo de la medida, que había excluido de sus beneficios a la mayoría de líderes sindicales y políticos de izquierda detenidos y exiliados, dio lugar a la huelga de las mujeres mineras. A los 22 días de su inicio en el Arzobispado de La Paz, más de 1.500 personas, entre ellas la legendaria Domitila Chungara y los sacerdotes Luis Espinal y Xavier Albó, se habían sumado al ayuno en todo el país y al régimen militar no le quedó más remedio que decretar la amnistía general y, seis meses después, convocar a elecciones.
No siempre las demandas opositoras fueron exitosas. De hecho, en los seis primeros años de la dictadura banzerista, el régimen rechazó invariablemente los reclamos de los familiares de los presos y exiliados políticos. Según la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), entre 1971 y 1977, 14.750 personas fueron detenidas y 19.140 salieron al exilio por razones políticas.
Tras el asesinato del general Juan José Torres en Buenos Aires, en junio de 1976, víctima del Plan Cóndor, decenas de exiliados se acercaron al consulado boliviano en la capital argentina atenidos a la promesa de Banzer Suárez, quien había dicho que quien se sintiera amenazado podía retornar al país, pero se encontraron con que los funcionarios consulares tenían órdenes estrictas del Ministerio de Gobierno de no conceder salvoconductos. Es así que Argentina se convirtió en una ratonera y decenas de exiliados bolivianos quedaron a merced de los paramilitares de la “Triple A”.
Eso ocurrió durante el triple sexenio militar (1964-82), entre los gobiernos del general René Barrientos Ortuño, que pobló los confinamientos de Madidi y Puerto Rico con centenares de líderes sindicales y militantes de izquierda, y de Luis García Meza. El último representante de la dinastía dictatorial, cuyo ministro del Interior, Luis Arce Gómez, invitó a los opositores a caminar con el testamento bajo el brazo, se fue sin conceder amnistía, pero se fue, para ser condenado después a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes contra los derechos humanos.
Antes, durante el doble sexenio movimientista (1952-64), la Iglesia Católica logró abrir los campos de concentración de Curahuara de Carangas y Corocoro y las celdas del temible Control Político, a cargo del coronel Claudio San Román, tras obtener amnistías navideñas de los sucesivos gobiernos del MNR.
La palabra “amnistía” viene del griego “amnesia”, que supone el “olvido” del delito, en este caso del delito político. Con el advenimiento de la democracia y la restitución de los derechos civiles y políticos, hace tres décadas, las amnistías navideñas –toda una “tradición” en la agitada historia boliviana- han quedado en simple recuerdo, cubiertas por el velo de la amnesia colectiva.
Página Siete – 20 de diciembre de 2014