La prensa de la época registró el momento. Periodistas y funcionarios, con el agua hasta la cintura, estrenaban la playa del futuro enclave de Bolivia en el océano Pacífico, la franja de territorio ofrecida por Chile al norte de Arica, entre la Línea de la Concordia, al norte, y la quebrada de Gallinazos y el borde norte de la quebrada del río Lluta, al sur. El embajador boliviano en Santiago, Guillermo Gutiérrez Vea Murguía, la describía como «una playa que avanza hacia el mar de forma gradual, sin que esto signifique un inconveniente insuperable para la construcción futura de un puerto”.

El diplomático había llevado a periodistas, funcionarios y personalidades para que vieran in situ las características del corredor  ofrecido por Chile, en un viaje de varios días, en enero de 1976, que culminó con un recorrido en una embarcación por las aguas costeras de Arica y el chapuzón de los invitados en la playa del futuro litoral boliviano.

«Tráigame el mar,  Don Guillermo”, le había dicho el dictador Hugo Banzer Suárez a Gutiérrez Vea Murguía al despedirlo en La Paz el 8 de abril de 1975, dos meses después del «abrazo de Charaña”, el encuentro que sostuvo con Augusto Pinochet  que dio lugar a la mayor negociación para la solución del diferendo marítimo. «Los bolivianos pueden sentirse felices: Bolivia ya tiene su mar”, declaró el diplomático diez meses después, dando por asegurado el retorno de Bolivia al Pacífico.

La negociación fue duramente criticada y rechazada por la oposición en el exilio de ambos países, que la veían como el producto de una «comunidad de intereses entre dos dictadores” cuando no como una cortina de humo para tapar las violaciones a los derechos humanos en Bolivia y Chile.

«Es una gestión que prescinde del titular de la soberanía nacional: el pueblo de Bolivia”, escribió desde México el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, para quien el acuerdo beneficiaba más a Chile que a Bolivia, debido a las compensaciones territoriales prometidas. Los expresidentes Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Zuazo, Luis Adolfo Siles Salinas, Alfredo Ovando Candia y Juan José Torres, reunidos en Caracas, repudiaron y condenaron la negociación en marzo de 1976.

Banzer y Pinochet se reunieron en Charaña, una pequeña población ubicada en la frontera con Chile, a más de 4.000 metros de altura, el 8 de febrero de 1975. El encuentro se escenificó en un vagón del ferrocarril Arica-La Paz, donde ambos dictadores sellaron el compromiso de «buscar fórmulas de solución a los asuntos vitales que ambos países confrontan, como el relativo a la mediterraneidad que afecta a Bolivia, dentro de recíprocas conveniencias y atendiendo a las aspiraciones de los pueblos boliviano y chileno”, como señaló el acta suscrita al término de la conversación.

En una crónica sobre el acontecimiento, el sacerdote y periodista José Gramunt escribió para la agencia EFE que habrían sido necesarias «toneladas de papel” y «varios años de negociación” para llegar a la meta que alcanzaron Banzer y Pinochet en «dos horas y media de amigable entrevista”. La euforia de la prensa boliviana era total, porque se creía que el «abrazo de Charaña”, como dijo Gramunt, no sólo había cambiado «el rumbo de la vieja rivalidad” entre Chile y Bolivia, sino que había sellado «la mayor victoria de ningún presidente boliviano sobre un asunto que siempre se ha tenido como una espina en la conciencia cívica boliviana”, cual es la reivindicación marítima.

Diez meses después, el 19 de diciembre, Chile propuso formalmente a Bolivia la cesión de una franja de costa marítima soberana ubicada entre el casco norte de Arica hasta la Línea de la Concordia, unida al territorio boliviano por una franja territorial igualmente soberana. Chile introdujo posteriormente nuevas condiciones, entre ellas el canje de territorios. A consulta de Santiago, Perú aceptó el 19 de noviembre de 1976 la propuesta chilena, pero a condición de que la zona cedida a Bolivia  tuviera un régimen de soberanía compartida entre los tres países. Chile rechazó dicha propuesta y la promesa terminó en nada.

Además del «Acta de Charaña”, uno de los documentos presentados por Bolivia en La Haya como prueba de las promesas y compromisos formales incumplidos por Chile, quedaron las imágenes del encuentro. «El abrazo que Banzer y Pinochet se dieron en plena frontera pudo tener un valor quizás protocolar, pero los otros abrazos más entusiastas que se reciprocaron los periodistas bolivianos y chilenos que coincidieron en Charaña quizás pudieron sellar el ánimo de dos pueblos”, escribió ese día Gramunt.

Ocurrió hace 40 años.  Imágenes del pasado, recuerdos del porvenir.

Página Siete – 8 de mayo de 2015

«La vida es para eso, para gastarla… por los demás”, dijo Luis Espinal al resumir las razones que le impulsaron a plegarse a la huelga de hambre que iniciaron cuatro mujeres mineras el día de los Santos Inocentes de 1977 a favor de la amnistía política, un movimiento que marcó el principio del fin de la dictadura de  Hugo Banzer Suárez. Eran las épocas predemocráticas, cuando la consigna de «¡Amnistía general e irrestricta!” solía alterar las fiestas navideñas de los gobiernos autoritarios de turno.

El último decreto de amnistía de que se tiene memoria es el que suscribió Banzer Suárez en vísperas de la Navidad de 1976, pero el carácter restrictivo de la medida, que había excluido de sus beneficios a la mayoría de líderes sindicales y políticos de izquierda detenidos y exiliados, dio lugar a la  huelga de las mujeres mineras. A los 22 días de su inicio en el Arzobispado de La Paz, más de 1.500 personas, entre ellas la legendaria Domitila Chungara y los sacerdotes Luis Espinal y Xavier Albó, se habían sumado al ayuno en todo el país y al régimen militar no le quedó más remedio que decretar la amnistía general y, seis meses después, convocar a elecciones.

No siempre las demandas opositoras fueron exitosas. De hecho, en los seis primeros años de la dictadura banzerista, el régimen rechazó invariablemente los reclamos de los familiares de los presos y exiliados políticos. Según la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), entre 1971 y 1977, 14.750 personas fueron detenidas y 19.140 salieron al exilio por razones políticas.

Tras el asesinato del general Juan José Torres en Buenos Aires, en junio de 1976, víctima del Plan Cóndor, decenas de exiliados se acercaron al consulado boliviano en la capital argentina atenidos a la promesa de Banzer Suárez, quien había dicho que quien se sintiera amenazado podía retornar al país, pero se encontraron con que los funcionarios consulares tenían órdenes estrictas del Ministerio de Gobierno de no conceder salvoconductos. Es así que Argentina se convirtió en una ratonera y decenas de exiliados bolivianos quedaron a merced de los paramilitares de la «Triple A”.

Eso ocurrió durante el triple sexenio militar (1964-82), entre los gobiernos del general René Barrientos Ortuño, que pobló los confinamientos de Madidi y Puerto Rico con centenares de líderes sindicales y militantes de izquierda, y de Luis García Meza. El último representante de la dinastía dictatorial, cuyo ministro del Interior, Luis Arce Gómez, invitó a los opositores a caminar con el testamento bajo el brazo, se fue sin conceder amnistía, pero se fue, para ser condenado después a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes contra los derechos humanos. 

Antes, durante el doble sexenio movimientista (1952-64), la Iglesia Católica logró abrir los campos de concentración de Curahuara de Carangas y Corocoro y las celdas del temible Control Político, a cargo del coronel Claudio San Román, tras obtener amnistías navideñas de los sucesivos gobiernos del MNR.

La palabra «amnistía” viene del griego «amnesia”, que supone el «olvido” del delito, en este caso del delito político. Con el advenimiento de la democracia y la restitución de los derechos civiles y políticos, hace tres décadas, las amnistías navideñas –toda una «tradición” en la agitada historia boliviana- han quedado  en simple  recuerdo,  cubiertas por  el velo  de la amnesia colectiva.

Página Siete – 20 de diciembre de 2014

Comenzaba con los sones marciales de las gestas heroicas y terminaba con los boleros de caballería de los días de duelo, con las proclamas inflamadas de las alboradas patrióticas y el inevitable recuento de víctimas de los atardeceres ahogados en sangre. Era el ritual de los golpes militares en «Villa balazos”, como había bautizado el periodista Ted Córdova-Claure a la ciudad de La Paz de la prehistoria democrática: la capital de la asonada, el motín cuartelero y la revuelta callejera.

Así empezó, con aires marciales y arengas patrioteras, el «movimiento cívico-militar” del 4 de noviembre de 1964. La metralla de los aviones Mustang de la Fuerza Aérea sobre el cerro de Laikacota, el emblemático bastión de las milicias movimientistas, anticipó desde las primeras horas de esa nublada mañana de la primavera paceña que el nuevo «pronunciamiento” nada tenía que ver con los intentos golpistas suicidas que había protagonizado la derechista Falange Socialista Boliviana (FSB) en los años anteriores.

No era un cuartelazo más. Era la «Revolución Restauradora”, encabezada por los generales René Barrientos Ortuño y Alfredo Ovando Candia, la revuelta que clausuró a balazos el «doble sexenio” de la Revolución Nacional -la gesta que habían encabezado Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo (1952-64)- e inauguró el «triple sexenio” militar (1964-82), con su galería de dictadores fascistas, líderes «socialistas” y caudillos de opereta.

–¡El  “Mono” se está despidiendo! Ha dicho que está saliendo a inspeccionar las barricadas de los milicianos, pero las secretarias están llorando. ¡El Mono se va!-, advirtió agitado José Luis Alcázar, reportero de Radio Fides en el Palacio de Gobierno, en una llamada urgente a la redacción de la emisora.

Alcázar, uno de los periodistas mejor informados de la época, sabía lo que decía. Paz Estenssoro había perdido la partida y entregaba el poder a los mismos militares que hasta un día antes juraban lealtad al MNR, con el vicepresidente Barrientos a la cabeza.

Una foto de ese día le muestra en la escalinata del Palacio Quemado, al pie del mural multicolor de Alandia Pantoja, con un abrigo negro, un sombrero gris y un maletín de cuero bajo el brazo, despidiéndose de sus colaboradores, acompañado del propio Ovando Candia, mientras las milicias resistían inútilmente el asedio de la aviación con los últimos cartuchos de una revolución que agonizaba desde años antes.

Bolivia estrenó «copresidentes” el 5 de noviembre, pero una multitud obligó a Ovando Candia a renunciar a la Copresidencia una hora después del juramento, cuando salió con Barrientos a saludar a la multitud congregada en la plaza Murillo. La gente le acusaba de haber facilitado la huida de Paz Estenssoro y quería a Barrientos como único líder.

«El general del pueblo”, como se hizo llamar desde el primer día, dijo que se quedaría en el poder todo el tiempo que fuera necesario, es decir indefinidamente, para «reconducir” la Revolución Nacional y «reorganizar” al país, pero unos cables del telégrafo, con los que se enredó la hélice de su helicóptero al levantar vuelo en la comunidad de Arque, se atravesaron en su destino un domingo de abril de 1969.

Página Siete – 30 de octubre de 2014

El parto de la democracia  no sólo fue difícil. Fue sangriento. Quienes votaron en las primeras elecciones, entre 1978 y 1980, recuerdan las agitadas vísperas de esos comicios, con períodos de reflexión -los ahora llamados «silencios electorales”- sacudidos por atentados y bombazos nocturnos, alentados por el autoritarismo en retirada. Eran «tiempos revueltos”, parafraseando a una popular serie española sobre los primeros días de la dictadura franquista.

Los bolivianos acudieron a las urnas el domingo 9 de julio después de 18 años de gobiernos militares. Venció Juan Pereda, pero el fraude fue tan grande e inocultable que el propio dictador Hugo Banzer se vio obligado a anular las elecciones. Enojado por la decisión de su mentor, Pereda derrocó a Banzer el 21 de julio, en el primero de una seguidilla de golpes que culminaría dos años después con el sangriento cuartelazo de Luis García Meza.

Un general casi desconocido, David Padilla Arancibia, derrocó a Pereda el 24 de noviembre y convocó a elecciones para el 1 de julio de 1979. La competencia partidaria pobló de militantes y simpatizantes todos los espacios públicos del país, en una época en que la «tendencia del voto” no se medía por encuestas, sino por  el número de manifestantes en las concentraciones electorales.

El avance de la izquierda, con la Unidad Democrática y Popular (UPD) y el Partido Socialista 1 (PS-1) a la cabeza, no era del agrado de los militares. El 1 de noviembre de 1979, el general Alberto Natusch Busch derrocó al gobierno interino de Walter Guevara Arze mediante un sangriento golpe de estado. La «Masacre de Todos Santos” se cobró la vida de más de 100 personas. Dos semanas después, la resistencia popular obligó a Natusch Busch a entregar el poder al Congreso que eligió como presidenta a Lidia Gueiler, quien convocó a elecciones para el 29 de junio del año siguiente.

Pero ese no fue el final de la  violencia, sino el principio. Los candidatos hacían campaña a salto de mata. «¡Calma, calma! ¡Sólo son cachorros de dinamita… Son inofensivos!”, intentaba calmar Marcelo Quiroga Santa Cruz a la multitud, mientras las explosiones sacudían  la Plaza San Francisco en el cierre de campaña de 1979.

Cuatros semanas antes de los comicios de 1980, el 2 de junio, se produjo el atentado contra la avioneta que trasladaba a Jaime Paz Zamora y a otros dirigentes de la UDP a Rurrenabaque. La nave, perteneciente a un servicio de taxis aéreos del coronel Luis Arce Gómez, se incendió en el aire y se precipitó a tierra cerca de Laja. El objetivo del atentado era eliminar a Hernán Siles Zuazo y Paz Zamora, pero Siles suspendió el viaje a última hora y Paz Zamora se salvó milagrosamente con graves quemaduras en el rostro y el cuerpo al saltar del aparato.

La campaña electoral se cerró con un atentado terrorista en La Paz, que dejó un saldo de dos muertos y medio centenar de heridos, cuando manos anónimas lanzaron una granada militar de fragmentación contra una marcha de la UDP, encabezada por el propio Siles Zuazo, en pleno Prado. Los atentados no impidieron la victoria de la UDP, con 38,74%, sobre Paz Estenssoro 20,15% y Hugo Banzer 16,83%.

La escalada de violencia comenzó con el asesinato del padre Luis Espinal, el 21 de marzo, y  se prolongó hasta el 17 de julio, día en que  García Meza y sus paramilitares asestaron un golpe mortal a la naciente democracia con  un cuartelazo  que se cobró la vida de Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Página Siete –  9 de octubre de 2014