Contra Viento y Marea

Por Sonia Montaño Virreira

El próximo 6 de febrero se presentará el libro “Contra viento y marea”, escrito por cuatro exdirectores de Página Siete (P7), un medio cuya vida merecía ser más larga y que reflejó los riesgos que enfrentan quienes dicen la verdad en contextos donde la democracia está amenazada. El libro es un testimonio a cuatro voces sobre cómo operó la destrucción de la prensa independiente que, como dice el nicaragüense Sergio Ramírez en el prólogo, ocurre “cuando la palabra libre cobra sus fueros, y se vuelve temida, porque el poder autoritario prefiere la palabra oficial, que es igual al silencio.”

Sobre el tema, Juan Carlos Salazar concluye que le “preocupa esa percepción en determinados sectores de la sociedad, de que el periodismo independiente es un riesgo. En una sociedad democrática, en un Estado de derecho, no cabe o no debería caber ese temor”, dice.

El título del libro refleja el sentido que le dieron cuatro directores y un equipo de periodistas y trabajadores, que durante 13 años llevaron a cabo una empresa que no solo fue contra el viento, si no contra varias tormentas digitadas desde el poder. Tormentas, subida periódica de las aguas fiscales y penales, que buscaban ahogar un medio nacido para ocupar el espacio vacío de la libertad de expresión. Esa constelación virtuosa de los cuatro directores fue posible además –como dicen en la dedicatoria– “gracias a los miles de lectores de Página Siete”.

La historia de P7 es un repaso brutal de la historia reciente del país vivida desde una Redacción, un llamado a tomar conciencia sobre el abuso del poder, pero también sobre los silencios de la sociedad. Nos hemos acostumbrado a la arbitrariedad y somos capaces de sobrevivir sin chistar ante el cierre de medios de comunicación y tantos hechos que dan cuenta de una sociedad donde los derechos están en extinción. Acostumbrados a las dádivas no fuimos capaces de pagar el derecho a la información. Salazar se pregunta ¿faltó el apoyo material de los lectores y/o de empresarios que creyeran genuinamente en la importancia de un periodismo crítico? Y Mery Vaca responde con una reflexión de fondo: “cuando Página Siete cesó sus operaciones, fue extraño escuchar a diversos actores de la sociedad decir que no sabían que la situación era tan grave y que, de haberlo sabido, habrían apoyado económicamente al medio”.

A medida que se leen los textos de los autores se siente el aumento de la presión y el dolor compartido por cada uno de ellos. Leemos historias que muestran la estrategia gubernamental para la destrucción de P7, que incluyó el aprovechamiento malicioso de hechos noticiosos, pero también la valentía de periodistas como Liliana Carrillo, Noelia Zelaya y Tania Sossa, autoras de un reportaje que involucró a más periodistas y que fue premiado por Ban Ki-moon –secretario General de Naciones Unidas– mostró la realidad del país y el padecimiento que sufrieron las tres mujeres para realizarlo. El libro muestra muchas y conmovedoras historias en defensa de la libertad de información. En especial, el relato de Peñaranda no tiene desperdicio.

Salazar, quien asume la dirección luego de haber tenido una exitosa trayectoria como periodista internacional, relata cómo le gana su vocación por un periodismo que incomoda al poder y suspende su retiro del periodismo activo asumiendo un desafío que tuvo que priorizar la supervivencia de P7, peligro que tiene en riesgo a muchos medios. Lo ocurrido con este medio es parte de un fenómeno global y nacional. “Si bien es cierto –dice Mercado– que afortunadamente en el país no se han registrado periodistas asesinados ni desaparecidos, formas sutiles pero efectivas de presiones y limitaciones al trabajo de la prensa tienen el efecto de una censura”.

Oscar Martínez, destacado periodista salvadoreño y director de El Faro dice: “El periodismo debe plantearse cuestiones complejas, es decir, preguntarse a quién le compraste esa comida, por qué otorgaste ese contrato a un funcionario, por qué eliminaste ese criterio de compra pública, por qué negociaste con las pandillas para reducir los homicidios”.

Muchas de esas preguntas complejas se hicieron quienes trabajaron en P7: la cobertura de la marcha indígena, la situación de la salud, la gravedad de los enfermos de cáncer, la violencia contra las mujeres; el “caso Zapata”, el 21F, el desfalco del Fondo Indígena, la muerte de viceministro Illanes, el caso del bebe Alexander y mucho más. En todos esos ejemplos, P7 mostró profesionalismo y seriedad, pero bastó una noticia sin verificar sobre la muerte de un bebé y la cobardía de un sacerdote que se negó a reconocer su dicho sobre la excomunión de ministros favorables al aborto para que se multiplicaran los ataques al medio y provocaran la salida del primer director. Si algo se le puede criticar al texto de Peñaranda es que al autocriticar errores cometidos renuncia por “no haber dirigido bien el periódico y no haber instalado un adecuado sistema de filtros. Además –dice– le habíamos regalado al Gobierno una oportunidad única para volver a asediarnos”. La verdad es que Peñaranda como los otros directores fueron valientes y resistieron el maltrato, más allá de lo humano.

Raúl Peñaranda relata que “la presión aumentó en el momento en que el Gobierno controlaba dos tercios de ambas cámaras del Legislativo, el sistema judicial, el Ministerio Público, todas las antiguas superintendencias, la Contraloría General, el grueso de los sindicatos, dos tercios de municipios y gobernaciones y buena parte del sistema mediático; pero todavía quería más. Las encuestas señalaban que Morales tenía posibilidades ciertas de ser reelecto en 2014. Pero quería más. Quería controlarlo todo”. Es que, efectivamente, sin el control sobre la prensa, el autoritarismo cojea.

Isabel Mercado, siempre acechada por la tormenta, da cuenta de la creatividad y los esfuerzos en favor de la innovación digital, la investigación de calidad mientras se alimentaba la esperanza de nuevas inversiones para enfrentar la falta de publicidad.

Ya Salazar había visto cómo la animadversión política se tradujo en abierto boicot económico. “Ya no se trataba únicamente de la exclusión de P7 de la pauta publicitaria estatal, sino, incluso, de las presiones que ejercían las autoridades a la iniciativa privada para que no se anunciara en el periódico”.

Más adelante, Mery Vaca muestra cómo la pandemia –sobre llovido mojado– agrava la crisis económica mostrando la serie de factores que desataron la tormenta: acoso judicial, represión de periodistas, bloqueo informativo, innovación digital sin recursos y todo para mantener la independencia del periódico en un contexto de polarización y alineamiento de la mayoría de los medios con el poder.

Los cuatro testimonios son valiosos porque muestran los esfuerzos y el compromiso de los cuatro, pero sin duda es el relato de Mery el que produce un nudo en la garganta porque muestra hasta las lágrimas que, además de los errores cometidos en la gestión y que derivaron en la pérdida de un derecho para los lectores, las victimas últimas fueron el equipo de trabajadores que aun demandan se cumplan las obligaciones y se respeten sus derechos.

Brújula Digital /04/02/24/

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El costo de la palabra

Por Sergio Ramírez, Premio Cervantes de Literatura*                   

El primer número de Página Siete se publicó en La Paz el sábado 24 de abril 2010, y el último el jueves 29 de junio de 2023, poco más de trece años después. Una vida intensa y azarosa, de lucha constante por mantener a flote una empresa informativa, acosada por el poder político, y que en este libro está contada por los cuatro periodistas que tuvieron a su cargo la dirección del diario, Raúl Peñaranda, Juan Carlos Salazar del Barrio, Isabel Mercado y Mery Vaca.

La historia dramática de Página Siete ilustra la lucha de los medios de comunicación que en América Latina persisten en informar de manera independiente, con valentía y sin concesiones, a costas de su propia existencia, y no pocas veces de la persecución, la cárcel, el exilio, y hasta la vida de los periodistas, como lo vemos repetirse en países como Venezuela, Guatemala, México, Colombia o Nicaragua, donde los trabajadores de prensa resultan víctimas de la represión política, así como de los carteles de la droga y el crimen organizado.

Página Siete nace cuando el presidente Evo Morales, dirigente indígena del Movimiento al Socialismo (MAS), ha sido reelegido ese año de 2010 con el 65 por ciento de los votos, en el auge del “socialismo del siglo veintiuno” que pregona el presidente de Venezuela, comandante Hugo Chávez, cuando una ola de gobiernos de izquierda de diferentes matices, crece en el continente, fruto de elecciones populares: Lula da Silva, un obrero metalúrgico, en Brasil; Fernando Lugo “el  obispo de los pobres” en Paraguay; José Mujica, un antiguo guerrillero tupamaro, en Uruguay; Rafael Correa, en Ecuador; Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina; Daniel Ortega, que ha regresado al poder en Nicaragua; además de Cuba, donde el régimen de Fidel Castro es oxigenado por los petrodólares de Chávez.

Dentro de este panorama expansivo de la izquierda, esos mismos petrodólares de Chávez buscan asegurar instrumentos de influencia y poder a los gobernantes socios de su proyecto bolivariano, entre ellos la compra de medios de prensa; y es por lo que el diario La Razón, el más importante de La Paz, pasa a manos de empresarios ligados a los intereses venezolanos, en busca de convertirlo en aliado, o vocero del oficialismo. Y así nace la oportunidad para un nuevo periódico independiente.

Peñaranda, el primer director, señala que la independencia, la pluralidad, y la información a profundidad, fueron las metas que el periódico se propuso desde el inicio: “de ninguna manera podríamos defender intereses sectarios, partidistas”. Y para los cuatro directores, y autores de este libro, el término de diario independiente, muy distinto del término diario de oposición, se volvió esencial. Un periódico independiente no se opone a un gobierno enarbolando una bandera política. Escarba, investiga, saca a luz lo oculto. Reconoce aciertos y expone desaciertos. Informa.

Esta tarea nunca es fácil de entender, o de asimilar para el poder político, sobre todo cuando el brillo de su propio proyecto ideológico lo ciega. Y, así, un periódico independiente, que investiga a fondo los hechos, y no hace concesiones, se enfrentará tarde o temprano con ese poder, que, aunque originado en unas elecciones libres, y dueño de respaldo popular, no admite voces críticas, ni tolera otra verdad que la verdad oficial.

Bajo el segundo periodo presidencial de Evo Morales se afianzaba el “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario” consagrado en la nueva constitución política de 2009; se seguían profundizando reformas económicas, entre ellas la reivindicación de los recursos naturales, minerales y gas, se ampliaban programas sociales transformadores, sobre todo en educación y salud. Y el presidente afianzaba su popularidad, al punto que en las elecciones de 2014 volvería a ser reelecto por más del 60 por ciento de los votos; pero, al mismo tiempo, consolidaba su control político sobre las instituciones, más allá de los límites democráticos.

“La presión del gobierno empezó a sentirse más fuertemente”, dice Peñaranda. “Todavía quería más un gobierno que controlaba dos tercios de ambas cámaras del Legislativo, el sistema judicial, el Ministerio Público, todas las antiguas superintendencias, la Contraloría General, el grueso de los sindicatos, dos tercios de municipios y gobernaciones y buena parte del sistema mediático…quería controlarlo todo. No podía haber un diario díscolo, que señalara los errores, las contradicciones, las inconsecuencias, las imposturas. Aunque ese diario sea moderado y razonable, ese diario molestaba, irritaba sobremanera…”.

El acoso contra Página Siete empezó a manifestarse desde el primer año de su existencia. Si el socialismo del siglo veintiuno de Chávez proveía recursos para comprar medios de comunicación, y de esta manera alinearlos, o silenciarlos, también proveía un modelo represivo contra aquellos que no se sometían, y del que se hacía uso constante en Venezuela con los diarios y revistas, los portales de noticias, las estaciones de radio y las cadenas de televisión; un modelo que en Nicaragua llevaría, a partir de 2018, a la cancelación de todo los medios críticos, confiscados y suprimidos, y los periodistas encarcelados o enviados al exilio.

Contra Página Siete se ensayaron medidas muy variadas, basadas todas en el uso de entidades del estado, la primera de ellas, y la más socorrida por el poder, la cancelación de las pautas de publicidad de las entidades controladas por el gobierno, y la presión a empresas privadas para no anunciarse; es el mismo díctum autoritario del viejo PRI de México, común como arma política en América Latina contra la prensa independiente: “no pago para que me peguen”.

Y, a la par, como detallan los autores del libro, la apertura de procesos judiciales por difamación, las auditorías arbitrarias y las multas, las acusaciones constantes de parte de voceros del gobierno, y los ataques de los medios de comunicación afines; el hostigamiento por medio de troles en las redes sociales; la interposición de obstáculos en el acceso a las fuentes oficiales, los ataques cibernéticos contra la página web del periódico. Un diario enemigo, que debía ser tratado como tal.

La independencia a la hora de informar, que presupone no tomar bando, y rechaza la afiliación partidaria, sólo puede ser entendida por un gobernante fiel a su identidad democrática, consciente de que la crítica, y aún la denuncia de los abusos de poder y de los casos de corrupción documentados, contribuyen a salvaguarda el estado de derecho, y hacen que el ejercicio de la función pública sea más cuidadoso consigo mismo, y por tanto más transparente.

Pero cuando el poder cae en la tentación autoritaria, y busca cerrar espacios, las voces críticas irritan, e incitan a la represión; y aquí la frontera entre regímenes de izquierda o de derecha desaparece, porque la regla de intolerancia y castigo a causa de la fiscalización, viene a ser la misma. El autoritarismo sólo cambia de ropaje, o de retórica, pero conserva el mismo rostro. Un rostro que tampoco ríe nunca, y jamás entiende de humor.

Página Siete, navegando contra la corriente, logró posicionarse como un medio de comunicación creíble y se ganó un amplio mercado de lectores, pero se trataba de un experimento arriesgado en términos empresariales, y nunca pudo ganar su punto de equilibrio financiero. A la hostilidad gubernamentales, que significaba el cierre de las fuentes de publicidad de entidades públicas, se sumaron otros factores, entre ellos la crisis provocada por la pandemia, y la tendencia mundial a la reducción, o desaparición, de los diarios impresos, sin que tampoco le fuera posible sumar suscripciones pagadas suficientes para sostener la edición digital.

Pese a todo, sobrevivió durante trece años, y la historia del país quedó reflejada en sus páginas.  De los años de auge político de Evo Morales, a su renuncia al cargo presidencial en 2019 antes acusaciones de fraude electoral y graves protestas populares, y su exilio en Argentina, a la recuperación del poder por la derecha con la presidencia provisional de Jeanine Áñez, al regreso del MAS tras el triunfo electoral de Luis Arce, y a la creciente división del partido oficial, patente desde  finales de 2021, entre las facciones de Morales y Arce, en disputa por el control del partido, y la futura candidatura presidencial.

En el último número de Página Siete, los periodistas de planta, que vivían en carne propia la crisis financiera y tenían meses de no cobrar sus salarios, firmaron todos una valiente y nostálgica nota de despedida: “Queremos recordar que Página Siete fue uno de los medios más premiados a lo largo de sus 13 años de vida y también uno de los pocos que marcó huella con revelaciones que destaparon hechos de corrupción y otros delitos…el trabajo periodístico fue clave para que la sociedad boliviana abra los ojos ante hechos de corrupción y todo tipo de injusticias”.

El relato a cuatro voces contenido en este libro representa un testimonio de las luchas del periodismo independiente latinoamericano por convertir la libertad de expresión en un instrumento de lucha cotidiana por la democracia, que lejos de quedarse en un concepto abstracto es un hecho que debe hacerse realidad cada día. La democracia la construyen también los medios de comunicación que asumen su papel crítico, y vigilan al poder político con integridad ética.

Es cuando la palabra libre cobra sus fueros, y se vuelve temida, porque el poder autoritario prefiere la palabra oficial, que es igual al silencio.

Madrid, diciembre de 2023

*Prólogo al libro Contra viento y marea

Prólogo a Las muertes de Carlos Flores Bedregal

El Estado y el secreto van de la mano en el ejercicio del poder. El “secreto de Estado” es la ocultación de la información al escrutinio ciudadano en función de una no siempre razonable “razón de Estado”, resultado de una decisión política que mantiene cerrados archivos oficiales, sean gubernamentales, militares o de cualquier otro tipo. Daniel Ellsberg, el analista estadounidense que filtró los “papeles del Pentágono” a The New York Times en 1971 sobre la guerra del Vietnam, dijo alguna vez que “los secretos de Estado no son necesarios para la seguridad nacional; son necesarios para evitar que los ciudadanos sepan lo que su gobierno está haciendo”.

El “secreto de Estado” mantuvo en el misterio durante 30 años el lugar donde fue sepultado el cuerpo de Ernesto Che Guevara, ejecutado en La Higuera en octubre de 1967. Es también el que impide conocer, 45 años después, la ubicación de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal, asesinados el 17 de julio de 1980 durante el golpe militar de Luis García Meza y Luis Arce Gómez.

Los jefes militares responsables de la ejecución del Che Guevara se llevaron el secreto a la tumba, comprometidos en un “pacto de silencio”, como ocurrió también con los líderes golpistas que planificaron y ordenaron el asesinado de Quiroga Santa Cruz y Flores Bedregal. Pero como nadie está obligado a guardar secretos ajenos, tras el fallecimiento de los comandantes antiguerrilleros de 1967, surgieron los testigos que permitieron la localización y exhumación del cuerpo del Che, el 28 de junio de 1997, en la vieja pista de Vallegrande. No ocurrió lo mismo con las víctimas del asalto armado a la sede de la Central Obrera Boliviana (COB).

Historiador riguroso y cronista de pura sangre, Robert Brockmann apela a sus mejores dotes de investigador y narrador para reconstruir la historia del 17 de julio de 1980.  No solo ordena y sistematiza los datos y testimonios hasta ahora conocidos, sino que busca y explora las pistas que eventualmente puedan arrojar nuevas luces sobre las circunstancias de la muerte y el destino de los restos de Flores Bedregal, dirigente de una de las facciones del Partido Obrero Revolucionario (POR), y Quiroga Santa Cruz.

Los dirigentes del CONADE (Consejo Nacional de Defensa de la Democracia) fueron víctimas de una emboscada en toda regla, que convirtió a la sede de la COB en una ratonera. Los golpistas buscaban neutralizar la resistencia al golpe fascista, pero también descabezar a la izquierda boliviana que vivía un momento de ascenso político. Los líderes allí reunidos cayeron en la trampa. Supusieron ingenuamente que el “ruido de sables” estaba focalizado en la lejana Trinidad, confiaron en el respaldo popular y, en algunos casos,  en su propio ascendiente y prestigio personal.

Era el caso del líder socialista. Como relaté en la semblanza que le dediqué en mi libro Semejanzas (Plural, 2018), Quiroga Santa Cruz, a quien acompañé en su última campaña electoral, pensaba que los militares nunca cumplirían la sentencia de muerte que habían dictado en su contra. “¡No se atreverán!”, me dijo la noche que García Meza lanzó públicamente su amenaza, el 23 de junio (“A ese señor, las Fuerzas Armadas sabrán ponerle en su lugar, y yo como hombre”). Cuando le recordé que esa frase ya la había escuchado una vez en boca del general Juan José Torres, días antes de su secuestro y asesinato en Buenos Aires, el 2 junio de 1976, víctima de la “Operación Cóndor”, me respondió: “Si los militares quieren matarme, lo harán, haga lo que haga. Tendría que ocultarme debajo de las piedras o irme del país, y eso no lo voy a hacer”.  “La única posibilidad que tengo de evitarlo –agregó– es hacer que el costo político de un atentado sea para ellos tan alto que no se atrevan a intentarlo”.

La lógica de Marcelo tenía mucho sentido, era impecable, pero no era la de García Meza y sus secuaces, a quienes no les importó el costo político, como se vio, y sí se atrevieron a segar su vida, como también se atrevieron en el caso del general Torres.

Pocos días antes de la amenaza que le lanzó García Mesa, el jefe socialista recibió la visita de su amigo y compañero de gabinete en el gobierno del general Alfredo Ovando Candia (1969-1970), el general Juan Ayoroa Ayoroa. “Mira, Marcelo, tengo algo muy delicado que comunicarte”, le dijo en tono confidente en mi presencia. Aunque se encontraba en situación de retiro, Ayoroa mantenía muy buenos contactos con los militares en activo. “La situación dentro del Ejército está muy caldeada, te van a matar si sigues en la misma, debes cuidarte”, agregó, sin proporcionar mayores detalles de la confabulación de la que obviamente tenía conocimiento.

Marcelo le dio la misma explicación que le ofrecería días después, en la noche del 23 de junio, al arzobispo Jorge Manrique, un hombre avezado en la gestión de crisis y la mediación política, cuando le llamó para advertirle sobre el riesgo que corría tras la amenaza militar: “No es precisamente a mí a quien hay que recomendar moderación. Siempre he actuado con responsabilidad y serenidad, pero no puedo rehuir a mis responsabilidades ni renunciar a mis convicciones”.

Alguien dirá que Quiroga Santa Cruz y Flores Bedregal, alcanzado por una ráfaga dirigida al líder socialista, se encontraban en el lugar y el momento equivocados, pero lo cierto es que ambos acudieron a la sede de la COB obedeciendo a sus convicciones políticas y responsabilidades militantes.

Existen muchas versiones sobre los sucesos del 17 de julio de 1980 y el destino de los cuerpos de sus dos víctimas. Brockmann recoge las piezas dispersas para reconstruir el puzzle y ofrecer, por primera vez, un cuadro completo del hecho ocurrido ese aciago día, en una gran crónica, histórica y periodística. Según su reconstrucción, Flores murió cuando trataba de socorrer a Quiroga, quien recibió un solo disparo. Los cuerpos de ambos –Marcelo, herido–fueron trasladados al Estado Mayor. Pero, ¿qué ocurrió después? Es la pregunta que aún sigue sin respuesta. Las versiones hasta ahora conocidas son divergentes, puesto que los testimonios son igualmente contradictorios.

En todo caso, Brockmann considera posible la versión de Arce Gómez, quien señalaba a Banzer como el supuesto autor intelectual del doble crimen, no solo porque uno de los ejecutores era de su cuerpo de seguridad y el otro era jefe de seguridad de su esposa, Yolanda Prada, sino también porque el expresidente era el directo “beneficiario” de la desaparición física del líder socialista, quien le había instaurado un juicio de responsabilidades por varios delitos. ”Este muerto no es mío, es de Banzer”, había dicho Arce Gómez.

Brockmann no se queda en la reconstrucción de los hechos, sino que explora nuevas pistas, ata cabos y apunta a las más probables. Como dijo Stieg Larsson, el periodista y escritor sueco creador de la saga Millennium, “todo el mundo tiene secretos; la única cuestión es encontrar donde están». Brockmann va en pos de ellos y los encuentra –como suele ocurrir– donde nadie los busca.

Manuel Azaña, presidente la Segunda República española (1931-1939), dijo alguna vez que “la mejor manera de guardar un secreto es escribir un libro”. Cierto. Es así. Gracias al testimonio bibliográfico de algunos oficiales excombatientes, publicados años después de los hechos, nos enteramos de los entretelones de la campaña y la ejecución del Che Guevara. “Algo similar ocurre con la desaparición de los cuerpos de Carlos y Marcelo. ‘Alguien’ vio y oyó algo y lo contó a alguien más, y esa versión quedó registrada no en una, sino en dos novelas”, escribe Brockmann.

El autor de tales “infidencias” es un general retirado, dedicado a la literatura, que ocupó altos cargos en el Ejército, incluyendo la comandancia de una División, la dirección de la Escuela de Altos Estudios Nacionales, la Secretaría General del Consejo Nacional de Seguridad del Estado y un puesto en la Junta Interamericana de Defensa en Washington. Si bien su historia es “ficción”, sus fuentes son inobjetables. A tal punto que el Alto Mando militar censuró las obras del autor por violar el artículo 120 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, es decir, por difundir “secretos militares” sin autorización de sus superiores.

Si las Fuerzas Armadas consideran que la “revelación novelada” de un “secreto militar” infringe un artículo de la Ley Orgánica de las FF.AA, algo de cierto tendrá su contenido.

En un testimonio conmovedor, Brockmann relata en la introducción del libro que al recorrer en su moto la avenida Zavaleta, notaba en “cierto lugar, siempre el mismo”, un “súbito cambio de temperatura, un enfriamiento brusco, que te atraviesa el cuerpo”; que así  lo percibió durante muchos años, hasta que se ocupó de las muertes de Flores Bedregal y Quiroga Santa Cruz. Fue cuando dedujo el destino más probable de sus cuerpos. “Entonces, ese frío tomó otro significado”.

¿Están los restos de ambos dirigentes sepultados bajo el asfalto en las cercanías del Gran Cuartel de Miraflores? Es la hipótesis que plantea Brockmann tras su investigación.

En cualquier país del mundo que se rige por leyes, el “secreto de Estado” tiene fecha de caducidad. Los archivos se abren al escrutinio público en plazos establecidos, de 10, 20 o 30 años. No ocurre lo mismo en Bolivia, donde los archivos permanecen cerrados a cal y canto.

¿Qué impide conocer los sucesos ocurridos hace casi medios siglo? Como sostiene  Brockmann, “los generales que hoy son generales, hace 44 años eran niños de colegio, no hay ningún motivo por el cual no se abran los archivos militares, intentar tapar este secreto es intentar defender a García Meza”. En el caso de Flores, existe además una sentencia incumplida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que responsabiliza al Estado por su desaparición, exige encontrar sus restos, abrir los archivos militares y resarcir a la familia.

Paradójicamente, fue un gobierno conservador, “neoliberal”, el que facilitó la investigación y exhumación de los restos del Che Guevara, y son gobiernos de izquierda, que se dicen seguidores de las ideas de Quiroga Santa Cruz, los que protegen el secreto militar.

Como dice Julian Assage, el fundador de WikiLeaks, que también filtró documentos clasificados de Washington, “el secreto es para los conspiradores, no para los gobiernos democráticos”. Así actúan, como conspiradores o encubridores, quienes impiden el esclarecimiento del caso.

La ocultación de la información es un atentado de lesa humanidad, puesto que las familias tienen derecho a dar una sepultura digna a sus seres queridos y cerrar un luto de cuatro décadas, pero también es una violación de derechos fundamentales, humanos, civiles y políticos,  incluido el que tienen los ciudadanos de conocer los actos de sus gobernantes. No hay democracia sin derecho a la información. Es lo que distingue al Estado de derecho del autoritarismo. “La opacidad del poder – dijo Norberto Bobbio– es la negación de la democracia”.

“A casi cuatro décadas y media de los hechos”, escribe Brockmann, “la única explicación para la falta de datos verídicos sobre el destino de los cuerpos de Carlos Flores y Marcelo Quiroga Santa Cruz es la existencia de un pacto de silencio”. Pero, en Bolivia –agrega–, “un pacto de silencio es casi imposible. Los bolivianos no son conocidos por su capacidad para guardar secretos”.

Pero, ¿los bolivianos debemos depender de la infidencia de unos testigos para conocer la verdad sobre un hecho oprobioso como el que nos ocupa o debemos hacer valer nuestros derechos? La apertura de los archivos militares es un reclamo democrático que merece respuesta. Sin lugar a dudas, la investigación de Robert Brockmann contribuirá al logro de ese objetivo, además de perfilarse como un significativo aporte al esclarecimiento del caso.

La Paz, 5 de agosto de 2024