Cuando el obispo Armando Gutiérrez Granier invocó al Creador aquel 14 de noviembre de 1984 para que «ilumine las mentes y mueva las voluntades” de los líderes políticos y los ayude a buscar «la salvación de la patria”, no realizaba ningún ejercicio retórico. Bolivia vivía horas dramáticas, «tal vez la más difíciles de toda su historia”, como afirmó otro prelado, el monseñor Luis Rodríguez Pardo. Víctor Paz Estenssoro lo diría meses después con sus propias palabras: «Bolivia se nos muere”. La Iglesia había convocado a un diálogo nacional para encontrar una salida a la crisis política, económica y social que conmovía al país. Con el presidente Hernán Siles Zuazo en huelga de hambre y el aparato productivo paralizado por los sindicatos, Bolivia se encontraba por aquellos días, una vez más, al borde del abismo. Era el tiempo en que el viejo luchador movimientista cabalgaba entre «la pared de los mineros y la espada de los militares”.

Al iniciar su mandato en coincidencia con el retorno de la democracia, el 10 de octubre de 1982, Siles Zuazo contaba con un envidiable capital político, resultado del impulso popular que había puesto en jaque y derrotado a las dictaduras. Las crónicas de la época dicen que obtuvo el «apoyo crítico” de la Central Obrera Boliviana, que no lo tenía como representante de la clase obrera, y la tolerancia de Estados Unidos, algo inaudito, teniendo en cuenta el sostén izquierdista del Gobierno. Ese oxígeno lo mantuvo a flote en los primeros tramos de su gestión, pero se fue evaporando al calor de la crisis económica. Bolivia estaba en quiebra. La hiperinflación, calculada en 8.200%, hizo trizas el poder adquisitivo de los salarios, con los precios escalando minuto a minuto.

La misma gente que le había votado y recibido dos años antes como un héroe, pedía en las calles su dimisión a la Presidencia. «El pueblo está empezando a odiarme por la inflación, siendo que yo he trabajado toda mi vida para beneficiarlo”, le dijo a Flavio Machicado Saravia el día que le comunicó su intención de renunciar a su cargo y adelantar las elecciones para facilitar la solución de la crisis. «Yo soy católico y no quiero que la Iglesia fracase en su mediación”, agregó. Machicado lo recuerda en la soledad del Palacio Quemado, abrumado por la crisis y decepcionado por la actitud de muchos de sus compañeros de partido que le empujaron al sacrificio para salvarse a sí mismos.

Para entonces la economía había tocado fondo. Sin mayoría congresal y con la dura oposición de Paz Estenssoro y del exdictador Hugo Banzer, el Mandatario vivía acosado por todos los flancos. Entre huelgas, bloqueos y frustrados golpes de Estado, fue víctima de un secuestro e incluso perdió a su vicepresidente, Jaime Paz Zamora, quien renunció a su cargo. «La realidad es que Siles no gobierna como quiere, sino como puede”, escribió un analista.

En una carta de puño y letra, los líderes de la UDP -entre ellos el mirista Antonio Araníbar y el comunista Jorge Kolle Cueto- comunicaron a los obispos, en pleno diálogo nacional, la «disposición” del Mandatario de «formalizar la ley que el Poder Legislativo sancione, adelantando las elecciones generales, a presidirlas y a transmitir el mando constitucional el 6 de agosto de 1985”. Así lo hizo y se retiró de la vida política. Su renuncia no sólo posibilitó la solución de la crisis, sino que pasó a la historia como un gesto de desprendimiento personal que  preservó  la democracia.

Promotor y gestor del diálogo de noviembre de 1984, por cuya labor recibió la Orden de Comendador de San Silvestre del Papa Juan Pablo II, Flavio Machicado rescata las negociaciones de aquellos aciagos días en el libro Lecciones en Democracia. «El retorno a la democracia fue un camino lleno de baches”, recuerda el autor, ministro de Juan José Torres y del propio Siles Zuazo. Y la gestión mediadora de la Iglesia, agrega, «uno de sus más intrigantes capítulos”.

Página Siete – 3 de abril de 2014

Nunca se despejará la duda sobre el destino que habría tenido la demanda marítima boliviana si Salvador Allende no se hubiese suicidado con un disparo de su AK-47 durante el ataque de los golpistas a La Moneda el 11 de septiembre de 1973. La creencia popular le atribuye una postura favorable a una solución del diferendo, aunque no dejó ninguna evidencia, ni siquiera una declaración,  en sus  33 tormentosos y dramáticos meses de gestión presidencial.

Días después de su triunfo electoral del 4 de septiembre de 1970, Allende concedió una extensa entrevista en Santiago al autor de esta columna. La entrevista fue gestionada por su amigo y asesor político, el periodista Augusto Olivares, el famoso Perro Olivares, quien también se suicidó el 11 de septiembre en La Moneda. Dos o tres días antes del encuentro en la «Moneda chica”, como se conocía por esos días a la residencia del presidente electo en Guardia Vieja, Olivares pidió un cuestionario escrito. «Eres boliviano, compañero. El Presidente no quiere correr riesgos”, dijo a manera de explicación. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad para una charla informal durante la cita para la foto y la entrega de las respuestas.

Chile celebraba las «dieciocheras”, las fiestas patrias del 18 de septiembre, en medio del fervor patriótico y el entusiasmo revolucionario allendista, y el «Compañero Presidente” se multiplicaba para cumplir sus compromisos postelectorales, así que el encuentro prometido no se materializó. «El Chicho está de gira y te pide disculpas por no entregarte el cuestionario personalmente”, lo justificó Olivares.

La entrevista se publicó en el diario Presencia de La Paz el 4 de octubre, junto con una extensa crónica sobre los temores y presagios que rodeaban los preparativos de la asunción del primer marxista que llegaba al poder por la vía electoral. «Nadie puede utilizar en Chile las Fuerzas Armadas para lanzarlas en una aventura contra la Constitución, las leyes y la democracia”, dijo, al descartar la posibilidad de un golpe de Estado. Por entonces, Allende confiaba en el «espíritu democrático” y la «institucionalidad” de los militares.

La pregunta sobre el diferendo marítimo y la eventual reanudación de relaciones con Bolivia quedó sin respuesta. «No es el momento para contestar esas interrogantes”, explicó  el Perro Olivares. El programa con el que Allende había obtenido el triunfo electoral era vago al respecto. «Existirán relaciones con todos los países del mundo, sobre la base del respeto a la autodeterminación y a los intereses del pueblo de Chile”, era la única cita. Ni una alusión al diferendo con Bolivia.

Javier Murillo de la Rocha, quien se desempeñó como cónsul en Santiago durante el gobierno de la Unidad Popular, recuerda que Allende, «imbuido de la euforia socialista, proclive a las utopías”, solía decir que «los proletarios chilenos le devolverían su mar a los proletarios bolivianos”, pero que tales palabras jamás pasaron del «discurso bienintencionado”. Al final, Allende, como todos sus antecesores y sucesores, siguió escrupulosamente la política de su país sobre la materia, una política en la que el interés del Estado prima sobre la ideología.

Página Siete – 20 de marzo de 2014

Lo soñó dos años antes, durante la huelga de hambre que marcó el principio del fin de la dictadura banzerista. En su pesadilla vio cómo un grupo armado lo balaceaba sobre el suelo, en medio de charcos de sangre. Luis Espinal fue secuestrado, torturado y asesinado por paramilitares el 21 de marzo de 1980. Su cuerpo con 17 balazos fue hallado al día siguiente en el camino a Chacaltaya. No habían pasado 48 horas cuando otro escuadrón de la muerte, a miles de kilómetros de distancia, asesinaba al arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero en plena eucaristía.

Profetas en su tierra, su sangre enlutó a la Iglesia latinoamericana en la Cuaresma de 1980. Eran años de dictadura y el clero progresista se había  decantado por la «opción preferencial por los pobres” a la luz de la Teología de la Liberación. «Quien no tiene la valentía de hablar por los hombres, tampoco tiene el derecho de hablar de Dios”, había escrito Espinal. «Si Dios acepta el sacrificio de mi  vida, que mi sangre sea la semilla de  libertad”, dijo proféticamente Romero.

No fueron los primeros ni los últimos religiosos que dieron testimonio de su fe con su vida. Mauricio Lefebvre fue asesinado durante el golpe banzerista del 21 de agosto de 1971, víctima de una emboscada, mientras que seis jesuitas salvadoreños fueron acribillados en la Universidad Centroamericana el 16 de noviembre de 1989. Según organizaciones defensoras de los derechos humanos, la guerra sucia de los años 70 y 80 cobró la vida de más de 40 sacerdotes.

Espinal llegó a Bolivia el 6 de agosto de 1968. Escribió crítica de cine, produjo el programa «En carne viva” para el canal estatal de televisión y fundó el semanario  Aquí. Cofundador de la Asamblea de Derechos Humanos, participó en la huelga de hambre a favor de la amnistía política a fines de 1977, una experiencia que marcó su vida. «La vida es para eso: para gastarla por los demás”, dejó escrito en su «testamento político-espiritual”.

El teólogo Hugo Assmann recuerda los «rasgos enternecedores” de su personalidad, «su mirada profunda, serena y tierna”, mientras que Víctor Codina, otro teólogo de la Compañía de Jesús, lo evoca en sus ratos de ocio tallando en madera manos que rompen cadenas, hombres arrodillados que intentan liberarse y obreros con los puños en alto.

Romero se jugó la vida al denunciar las violaciones de los  derechos humanos  en plena guerra civil. «He sido frecuentemente amenazado de  muerte. Debo decirle que, como cristiano, no creo en la muerte sin en la resurrección: Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño”,  declaró en una entrevista. Dos semanas después fue asesinado de un balazo en el corazón por un paramilitar que cobró 114 dólares por el encargo.

El arzobispado de San Salvador promueve la canonización de Romero, conocido anticipadamente como «San Romero de América”. No existe ninguna gestión similar a favor de Luis Espinal, el otro mártir de la Cuaresma del 80, de quien Codina dijo que su vida no acabó en el matadero donde fue torturado ni el basural donde fue encontrado, sino en la «aurora de la Pascua de Resurrección”.

Página Siete – 7 de marzo de 2014

«¡Es preferible morir a bala que morir de hambre!”. La frase, recogida por la prensa internacional al pie de una foto que mostraba a un grupo de campesinos trasladando el cadáver en cruz de un compañero por las calles de Tolata, recorrió el mundo en las postrimerías de enero de 1974, cuando los tanques del Regimiento Tarapacá y los aviones de combate de la Fuerza Aérea ahogaron en sangre una protesta campesina por el alza del costo de la vida.

«Los campesinos del Valle de Cochabamba comprendieron que el lema de su desesperada lucha había sido convertido en dramática realidad por el Gobierno boliviano”, escribió un periódico mexicano. Los pobladores de Tolata, Sacaba y Epizana habían bloqueado durante varios días las carreteras de la región al grito de «¡Queremos pan!” y «¡Morir de bala antes que de hambre!”.

Tras la devaluación del peso en 66,6%, después de 16 años de estabilidad monetaria, el gobierno del general Hugo Banzer Suárez decretó el 20 de enero de 1974 el aumento de precios de los alimentos de primera necesidad en más del 100%. Los obreros de la fábrica Manaco encendieron la mecha de la protesta  con un bloqueo de carreteras en Quillacollo, al que se sumaron los campesinos del Valle Alto, Tolata y Sacaba.

«La reacción del Ejército fue inhumana”, señaló la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica. Una unidad del Ejército, integrada por cientos de soldados a bordo de media docena de tanques y una decena de camiones «caimán”, tomó las poblaciones rebeldes. Los militares llegaron ofreciendo «diálogo”, pero sin esperar respuesta abrieron fuego contra los campesinos que exigían la derogatoria de las medidas de hambre.

Según las cifras oficiales, la operación dejó 13 muertos y media docena de heridos, pero Justicia y Paz mencionó más de cien muertos. «Hemos visto montones de cadáveres, campesinos amontonados como leña”, dijo uno de los soldados que participaron en el operativo en un testimonio recogido por la institución.

El Gobierno acusó a «extremistas extranjeros” de haber instigado la protesta y atribuyó la violencia a «muchedumbres amotinadas en estado de embriaguez”. Según organismos defensores de los derechos humanos, tras la masacre, Banzer instó a sus partidarios del «Pacto militar-campesino” a acabar con los «agitadores”: «El primer agitador comunista que vaya al campo, yo les autorizo, me responsabilizo, pueden matarlo. Si no, me lo traen aquí para que se entienda conmigo personalmente. Yo les daré una recompensa”.

«Aquel fue el peor hecho criminal que hubiera cometido  Banzer”, dijo Luciano Tapia, un dirigente indígena de la época.  Desde Buenos Aires, el expresidente y principal líder de la oposición en el exilio, Juan José Torres, declaró: «La masacre coloca al Gobierno con un pie en el sepulcro y con el otro sobre una cáscara de banana”.

Efectivamente, la «masacre del valle” fue un hito en la historia de Bolivia. Supuso la ruptura del «Pacto militar-campesino”, impuesto por el barrientismo en los 60, y marcó el comienzo del fin de la dictadura banzerista, que se desmoronaría  cuatro años después con la huelga de hambre.

Página Siete – 20 de febrero de 2014