Batalla en la madre de todas las tierras

Aldo Moreno Antezana tenía una mala espina la mañana en que fue entrevistado en El Sillar por una radio paceña. No por el accidente de carretera que lo dejaría tetrapléjico y después le costaría la vida, sino por lo mal que pintaban las cosas para los defensores del Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro Sécure (TIPNIS) en vísperas de su llegada a La Paz. “El Gobierno nos tiene que respetar. No puede entrar en nuestra Casa Grande sin pedir permiso. Nosotros no vamos a entrar en Palacio sin su permiso”, aventuró, en tono premonitorio, días antes de que el vehículo que transportaba a la avanzada de los marchistas se precipitara sin aviso ni presagio en un barranco de Senda Verde, cerca de Yolosa, en un percance que causó la muerte de otros dos indígenas.

Corregidor de la comunidad de Nueva Vida del Alto Sécure, declarado opositor a Evo Morales y miembro de la “delegación diplomática” que se entrevistó con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulsa, Moreno Antezana, de 34 años, murió el 13 de julio, tres días después de que sus compañeros decidieran retornar a sus comunidades sin haber logrado la derogatoria de la Ley 222. “Así como el Gobierno ha decidido no dejarnos  entrar a la Plaza Murillo, así también nosotros definiremos quién entra y quién no en nuestro territorio”, dijo la presidenta de la IX Marcha, Bertha Bejarano, al recoger el legado de Moreno Antezana y anunciar la decisión de los indígenas de las Tierras Bajas de llevar la batalla en defensa del TIPNIS al escenario mismo del parque natural.

“Trasladamos nuestra lucha a nuestro propio territorio, con el orgullo de no haber negociado nuestros derechos ni los derechos del pueblo boliviano”, declaró a su vez el presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, al término del cabildo abierto realizado el 10 de julio en la plaza San Francisco. “No nos vamos derrotados”, subrayó, anticipándose a las preguntas de los periodistas, en un  intento por amortiguar la sensación de fracaso que se respiraba en el ambiente. “Los indígenas no hemos perdido. Si bien el Gobierno no nos recibió, los que pierden son ellos. Nunca más tendrán el apoyo del movimiento indígena”, acotó Bertha Bejarano.

El ministro Carlos Romero proclamó ufano la “victoria” del Gobierno y la consiguiente “derrota” de los marchistas. En una conferencia de prensa, justificó su euforia: “Creo que la única movilización que podía provocar una crisis de Estado y que es la estrategia política de la oposición, era la movilización de la novena marcha indígena, pero esa movilización se fue debilitando por sí misma en el camino”.

La movilización que hizo temblar al Gobierno había llegado a su fin después de 78 largos días, 64 desde la partida de Trinidad y 14 desde la llegada a La Paz, en un duro periplo signado por el boicot gubernamental, las adversidades climáticas, la falta de alimentos y las enfermedades que se ensañaron con los niños, además de  la propia desorganización y las fallas logísticas de los marchistas. Y, por sí fuera poco, un saldo de cuatro víctimas fatales.

“El Gobierno pensó doblarnos el brazo”, dijo Vargas. Y tal vez lo consiguió. Ni la agresión en San Ignacio de Moxos por parte de sectores afines al MAS ni la gasificada al campamento de La Paz habían desanimado a los marchistas, pero la acción política del Gobierno tuvo un efecto demoledor en el movimiento al promover la división de la CIDOB y el “histórico” apoyo de 48 de los 63 corregidores del TIPNIS, según Romero, para la consulta “posterior”. Mientras los marchistas aguardaban el diálogo que nunca llegó, Evo Morales, que sí recibió a los dirigentes responsables del secuestro y tortura de  los rehenes de Mallku Khota, repartía motores fuera de borda, generadores de energía eléctrica y sistemas comunicación en las comunidades del Parque con el argumento de que “es obligación del Gobierno atender la demanda que tienen los pueblos” de la región.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dio por zanjado el conflicto con el supuesto apoyo “mayoritario” de los corregidores a la consulta y el retorno de los marchistas a sus comunidades. “Las mayorías son las que deciden, las minorías deben acatar, es la ley de la gravedad de la democracia”, resumió.

No le ajustaban las cuentas de la misma manera al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, nada sospechoso de opositor: “La ley habla de concertación, no habla de acuerdo y el resultado de la concertación no se mide en términos porcentuales”, afirmó. El propio presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Rudy Flores, insistió en que el consenso debía ser previo a la consulta: “La sentencia es explícitamente clara. Debe haber concertación respecto a los contenidos y los procedimientos para llevar adelante la consulta. Eso implica que es el proceso previo, preliminar”, señaló.

“El problema no ha terminado y, cuando concluya, el que resulte más perjudicado será el Gobierno”, anticipó el politólogo Jorge Lazarte. El Gobierno “se ha metido en un problema del que va a salir perdiendo cualquiera que sea la forma en que termine el conflicto”, agregó al comentar los enredos constitucionales que rodean el caso. El TIPNIS, recordó, además de ser territorio indígena, es área protegida.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, es partidario de posponer la consulta para otra fecha ante el clima de “polarización” y “enfrentamiento” provocado por la “cerrazón” del Gobierno, mientras que el vicepresidente, Álvaro García Linera, dejó abierta la posibilidad: “Yo prefiero dejarla abierta. Si las autoridades ven conveniente dejar unos días para garantizar una amplia y transparente consulta, hay que hacerlo. No hay que casarse con 0las fechas”, dijo. Mientras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) preparaba el envío de 15 comisiones para la realización de la consulta, el ministro Juan Ramón Quintana organizaba un torneo de fútbol en Gundonovia con la participación de equipos de varias comunidades. “Estamos celebrando dos grandes acontecimientos”, dijo, en alusión al torneo y -se supone- a la inminente consulta, cuyo inicio estaba previsto para el 29 de julio.

Desconociendo los afanes deportivos del ministro Quintana, Bertha Bejarano -cuyo procesamiento por tráfico de droga en Brasil fue utilizado por el Gobierno para intentar desacreditar a la marcha- apeló a la jerga futbolística para resumir el estado actual del conflicto: “El partido no ha terminado”, dijo.

Efectivamente, para los indígenas de las Tierras Bajas la próxima batalla se dará en el seno de las comunidades. “La lucha no ha terminado. Nos trasladamos a nuestra región para que no se permita realizar la consulta porque es inconstitucional; si nosotros aceptamos eso, estaríamos avalando la violación de la Constitución”, dijo Fernando Vargas. “No habrá consulta en el TIPNIS, que se entienda bien (…). Nos tendrían que eliminar a todos los indígenas que estamos ahí para hacer la consulta”, agregó.

Los dirigentes del TIPNIS afinan estrategias. “Lo definiremos internamente”, declaró Vargas, pero Adolfo Chávez, cuya defenestración buscó el gobierno con la designación de Melva Hurtado como su sustituta al frente de la CIDOB, anticipó que los indígenas apelarán incluso a sus arcos y flechas para defender su Casa Grande, la madre de todas las tierras. “El Gobierno ha demostrado su poderío con perros, armas, gases y agua; nosotros vamos a hacer lo mismo”, advirtió. Jorge Lazarte cree que “si los indígenas resisten y lo hacen consistentemente, pueden hacer fracasar todo el proceso en su fase final”.

Nueva Crónica – 2ª quincena de julio de 2012