El 12 de febrero de 2014,
dos años y cuatro meses después de las primeras elecciones judiciales, el
presidente Evo Morales admitió el fracaso de un experimento que su gobierno
postulaba como una revolución en materia de justicia. Al inaugurar una Casa de
Justicia en Muyupampa, municipio del departamento de Chuquisaca, dijo
textualmente: «Yo quiero decir la verdad, aunque algunos se molesten. Creo
que en vano incorporamos poncho y pollera en la justicia, no cambia nada”. Reconoció
que “la retardación y la corrupción son el cáncer dentro de la justicia” y,
dirigiéndose a los operadores de la justicia, dijo que todavía había tiempo
para cambiar esta lacra y “de verdad hacer justicia en Bolivia”.
Previamente, el 23 de
enero de ese mismo año, al asumir el cargo, la entonces ministra de Justicia, la abogada Elizabeth Sandra Gutiérrez
Salazar, consideró que la elección judicial había sido «un
desacierto». “Vamos a ser autocríticos –dijo-, a veces nos equivocamos. Es
una posición personal, hemos podido ver que no está funcionando, yo creo que
debería ser bajo méritos que se elija a los miembros del Consejo de la
Magistratura, del Tribunal (Constitucional), Supremo de Justicia y
Agroambiental, en base a su currículum y no en base al voto; yo creo que ha
sido un desacierto. Sin embargo, creo que vamos a tener que trabajar para
cambiar este tipo de situaciones”, afirmó entonces.
Quince meses después, el 22
de mayo de 2015, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, declaró a
una canal de televisión que “un tribunal de justicia huele a azufre”. “La justicia está muy mal –dijo-, no hay una
justicia rápida, barata y que obre en equidad y en legalidad. Se tienen un
sistema judicial muy corrupto y lento, es un padecimiento entrar a la justicia
y acercarse a un tribunal huele a azufre a diez cuadras de distancia”, señaló
textualmente.
Era la época en que el
Gobierno promocionaba la cumbre judicial como punto de partida para llevar
adelante lo que el mismo García Linera definía como “profundas reformas
institucionales” del sistema y el cambio de personal para, según dijo entonces,
“deshacernos de los jueces corruptos”.
Un año después, el 27 de
enero de 2016, la misma autoridad admitió: “La justicia en Bolivia está
podrida, si tiene dinero, le va bien; si tiene tiempo, le va bien; si tiene amigos,
le va bien; si tiene la justicia de su lado, no le va bien. Lo que prima por
encima de la verdad es el amiguismo, el dinero y la presión, es una vergüenza”.
García Linera aceptó en la
ocasión que el Gobierno se había equivocado. “Nos hemos equivocado y ahora
queremos enmendar drásticamente, un giro de timón de 180 grados, para que haya
una justicia rápida, gratuita y justa”, señaló en el programa “El hombre
invisible”. Reconoció que el problema está en la elección de las autoridades
judiciales. Dijo que antes se elegían mediante cuoteo político, pero, luego,
bajo el actual Gobierno, se pasó a un
cuoteo de organizaciones sociales y que “no había sido (bueno) ni lo uno ni lo
otro”.
“Tiene que haber algún tipo
de acción política y nuestra propuesta es que se elijan con criterios
meritocráticos”, señaló a manera de conclusión.”Vamos a encontrar el consenso
entre todos de cuál es la mejor manera de seleccionar jueces, cuál debe ser la
calidad de los códigos, cómo debe mejorar la educación, cómo debemos sancionar
a quienes rompen la norma; todo esto lo vamos a ver en esta cumbre que tiene
que ser operativa”, agregó.
“La justicia está tan mal
hoy, que no se puede corregir con pequeñas reformas, necesita un cambio
estructural, una auténtica revolución que transforme sus pilares. Hoy no es
justa, no es barata y no es rápida”, añadió.
Nada de eso ocurrió
Todo esto debía hacerlo la Cumbre
de Justicia, realizada en junio del año pasado en Sucre, pero, ¿alguien recuerda cuáles fueron las conclusiones
de ese evento? Si acaso una sola, que dio lugar a títulos llamativos de la
prensa nacional: la propuesta para incorporar la pena de cadena perpetua para
los delitos de violación contra niños y niñas seguida de muerte.
Seis años después de las primeras
elecciones judiciales y un año después de la famosa cumbre, nos enteramos de
que Bolivia se encuentra entre los 10 países con peor justicia del mundo, en el
puesto 104 entre 113 países, de acuerdo con el ranking elaborado por la
organización internacional Proyecto de Justicia Mundial (WJP), que publica
anualmente un Índice sobre el Estado de Derecho.
Bolivia está por debajo de
países como Nigeria, Bangladesh y Honduras. Es el penúltimo de América Latina y
el Caribe, sólo superando a Venezuela, que ocupa el último puesto del ranking.
El índice toma en cuenta ocho
parámetros para calificar el estado de derecho sobre una puntuación que va del
0 al 1: restricciones a los poderes del Gobierno, ausencia de corrupción,
transparencia, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento
normativo, justicia civil y justicia penal.
¿Y qué dice el Gobierno sobre
esta calificación?
El diputado masista Víctor
López declaró: “Considero que se trata de una suerte de complot internacional
para hacer ver a Bolivia como un infierno judicial. Lamentablemente, creo que
estas organizaciones internaciones no toman criterios técnicos sino cuestiones
políticas para elaborar sus informes”.
No sólo eso. Según un informe oficial, en el primer
trimestre del año, la cantidad de detenidos en las cárceles, entre preventivos
y con sentencia, sumaron 16.613. Se trata del número más elevado de los últimos
16 años de acuerdo a los datos de la Dirección de Régimen Penitenciario
publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De los 16.613
detenidos hasta marzo de este año, apenas 5.028 tienen sentencia y 11.585 están
con detención preventiva. Al comentar estas estadísticas, el ministro de
Justicia, Héctor Arce, admitió que, evidentemente, «algo está mal” para
que esto ocurra.
¿Qué es lo que ha
pasado? ¿No había reconocido el Gobierno
los errores y coincidido con los expertos en el diagnóstico?
Hablando ante un grupo de
juristas extranjeros, García Linera dijo en junio pasado que “la justicia está
enferma” y requiere de “una nueva pedagogía en la propia sociedad”.
«El mal viene de antes
(…)”, así se haga hagamos 20
procedimientos penales, cinco reformas judiciales, cambiemos a todos los
personeros de la justicia, barramos con los abogados y vengan otros abogados,
vamos a seguir reproduciendo los males de la justicia que hoy por hoy todos las
aborrecemos», declaró.
La pregunta es: si conocemos
los errores y acertamos en el diagnóstico, ¿por qué tropezamos ahora en la misma
piedra?
La Cumbre de la Justicia
transcurrió sin pena ni gloria. El Gobierno ignoró las propuestas de los
expertos y convocó a la gente de siempre, a los representantes de las llamadas
organizaciones sociales, desconocedores de la materia.
Los expertos coincidieron que
la cumbre fue una oportunidad perdida. «La cumbre judicial ni siquiera ha
tratado a fondo, y menos ha dado respuestas, el principal problema de la
administración de justicia, que es la falta de independencia de todos los
operadores del sistema judicial con relación al poder político; tumor
cancerígeno del cual se derivan todos los demás males y defectos del sistema y
que tienen de víctima al conjunto de la población boliviana”, resumió el constitucionalista
Carlos Alarcón, a quien se ignoró el convocatoria, como a muchos otros
experimentados juristas.
Eso sí, la cumbre determinó
mantener la elección de altas autoridades del Órgano Judicial por voto popular
y la preselección de los candidatos a cargo de la Asamblea Legislativa sin
mayores cambios.
Todos conocemos el resultado
de esta preselección y estamos en vísperas de una nueva elección de autoridades
judiciales, en las que el elector deberá optar de una nómina de candidatos sólo
conocidos por su adhesión y lealtad al partido de gobierno.
Pese a las advertencias y a
las propuestas formuladas por expertos independientes para implementar una
preselección meritocrática sin alterar el mandamiento constitucional, el
Gobierno ha optado por la repetición de los métodos y por tanto de los errores,
olvidándose de su autocrítica y sus golpes de pecho.
Pero, no sólo eso, resulta
que ahora es la oposición la oposición la culpable de los males por impugnar a
los candidatos oficialistas.
“La oposición quiere seguir
manteniendo en pie la vieja justicia corrupta; creo que la oposición celebra la
corrupción de la justicia actual”, dijo García Linera en junio pasado. Apelando
al sanbenito antichileno de siempre, agregó: “La oposición como siempre, ha
dicho que no debería haber elecciones, parecen chilenos, todo lo que hacen en
su vida política, todo es no, todo es no”.
En la era de la posverdad, al
Gobierno no le importa cambiar de paso y borrar con el codo lo que escribió con
la mano. Si antes era cierto que el poncho y la pollera no habían cambiado nada
en la justicia, como dijo el presidente Morales, o que el “cuoteo político”
había sido sustituido por el “cuoteo de las organizaciones sociales”, como
admitió García Linera, ahora, por la simple magia de la palabra, pretenden
hacernos creer que una nueva elección –convocado bajos mismos métodos y
parámetros- salvará a la justicia de todos sus males.
No es que los asesores
gubernamentales no consulten las hemerotecas para contrastar las declaraciones
de antes con las actuales. Si lo hacen, pero los imperativos coyunturales –y no
tanto. son otros. Al poder político no le interesa una justicia independiente,
porque una justicia independiente va en contra de la hegemonía que pretende
mantener. Y menos aún en este momento en que se debate la presidencia vitalicia
del Primera Mandatario.
Hace más de dos mil años, el
poeta latino Marco Anneo Lucano dijo que la virtud y el poder no se llevan
bien. “Aléjese de los palacios el que quiera ser justo. La virtud y el poder no
se hermanan bien”, dejó dicho.
Y aquí, como se ha visto en
las elecciones de 2011 y en las que veremos ahora, no son precisamente los justos
los que se acercan al poder. Es el poder el que se rodea de sumisos para llevar
adelante sus propósitos partidarios.
Las elecciones judiciales
fueron implementadas para eso. Como recordó el abogado Gonzalo Mendieta Romero,
en su origen no están ni Fausto Reinaga ni René Zavaleta, sino Rousseau y su
país de origen, Suiza, y los asesores
españoles de la fundación anticapitalista Centro de Estudios Políticos y
Sociales (CEPS) que participaron en la redacción de la Constitución.
“Parece que la idea era
cambiar de sucursal europea, no desarrollar pensamiento propio. De esto el
Viceministro de Descolonización no se queja. El salto intelectual al vacío de
las elecciones judiciales nació de un razonamiento elemental: la felicidad
pública estaría garantizada si el poder constituyente mandara siempre y
eligiera magistrados. No se preguntaron cómo reclutar a los mejores, cómo
asegurar su independencia y que no se sometieran al poder prevaleciente o a la
platita”, escribió Mendieta Romero.
Mendieta Romero cita un
documento del consultor valenciano Martínez Dalmau, difundido por la
vicepresidencia en 2009, en el que sostenía: “En el caso boliviano, ni se va a
ir por la gerontocracia ni por la designación por el Presidente de la República
o el Parlamento, se va a ir por la designación directa del pueblo, el pueblo va
a decidir qué magistrados van a formar parte del tribunal constitucional,
viendo sus currículums, sus trayectorias, sus publicaciones, y van a votar si
quieren que tal persona esté o no (…) Eso van a poder hacer ustedes con el
nuevo proyecto de constitución cuando pase a ser constitución. Eso no existe en
ninguna parte del mundo. Otros aspectos que no existen son, por ejemplo, la
elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia (…)”.
Y esto es lo que hizo que el
gobierno anticolonial de Evo Morales, aceptar el consejo de unos asesores
extranjeros.
Pero el problema no es la
elección como tal, sino, en este caso, la preselección, que ha sido espuria,
bajo el control del partido de Gobierno, lo que lleva a suponer que los
elegidos, como ocurrió en los últimos seis años, actuarán bajo ese mismo
control. El Gobierno impuso a la lista
de precandidatos a través de sus dos tercios en la Asamblea sin escuchar las
observaciones y pedidos de la oposición.
¿Alguien conoce los méritos
profesionales de alguno de los candidatos? Evidentemente, no están los mejores,
porque no hubo una selección meritocrática, sino política, y, como dijo el
escritor español Francisco de Quevedo, “menos mal hacen los delincuentes que un
mal juez”.
Pero, como dije, el asunto no
era elegir a los mejores, sino a los leales. Henry Oporto cita en el prólogo
del trabajo que hoy presentamos a Luis Pásara, un experto peruano que estudió la experiencia boliviana. En el
libro “Elecciones judiciales en Bolivia: Una experiencia inédita”, Pásara
recuerda que “una función importantísima del juez es servir de control sobre el
uso del poder. En un gobierno democrático, si usted no tiene una instancia ante
la cual pueda reclamar el hecho de que se incurre en una inconstitucionalidad,
una ilegalidad, en un abuso de poder de cualquier funcionario, si usted no
tiene un juez para esto, ¿podremos hablar de democracia? ¿qué democracia es una
en la que usted no tiene el derecho a reclamar lo que es un derecho?, se
pregunta Pásara.
Y éste es el quid de la
cuestión.
Resulta paradójico que el magistrado que más obtuvo en
las elecciones de 2011, en las que los votos nulos y blancos superaron a los
válidos en una proporción de 60 a 40%, haya sido expulsado del Tribunal Constitucional
Plurinacional por actuar de manera independiente. Gualberto Cusi Mamani, quien
obtuvo el 15,70% de la votación, se opuso a la re-reelección de Evo Morales,
cuando el Tribunal Constitucional “interpretó” que los períodos anteriores a la
aprobación de la Constitución, reconocidos en un artículo transitorio, no
contaban parea la nueva era masista.
Evo
Morales no podía ser candidato en las elecciones de 2014 no sólo porque se lo
prohibía la Constitución, sino porque él mismo había empeñado su palabra. Pero
se ve que eso no cuenta.
Y en
este caso también conviene repasar la hemeroteca.
Una semana antes del referéndum,
el 15 de febrero del año pasado, cuando se sentía ganador, el presidente
Morales declaró: «Si el pueblo dice ‘no’, ¿qué podemos hacer? No vamos a
hacer golpe de estado. Tenemos que irnos callados”.
El 22 de febrero, un día
después del referéndum, Morales declaró textualmente: “Aunque con un voto o con
dos votos va haber un ganador, eso se respeta. Esa es la democracia“. Dos días
después, el 24, señaló: “Quiero decirles que respetamos los resultados, es
parte de la democracia”.
Pero miren lo que declaró
el Vicepresidente al diario El Deber hace tres semanas: «En verdad, lo que
hubo es un empate. Han ganado por 70 mil votos, eso no es ganar, eso es
empatar… “
¿No era que el gobierno
aceptaba la victoria del No incluso por uno o dos votos? Ahora resulta que no
hubo victoria del No, que hubo un empate, y como hubo empate, el pueblo debe
desempatar. ¿No era que si ganaba el No se iban callados, porque de lo
contrario era protagonizar un golpe de estado?.
Sobre esta posverdad –la
derrota que se convierte en empate- el gobierno pretende construir la “verdad”
–entre comillas- del supuesto “derecho humano” del presidente a la reelección
vitalicia.
En el excelente trabajo que
hoy presentamos, el constitucionalista José Antonio Rivera demuestra que
el resultado del proceso de selección de
los candidatos de este año no ha sido cualitativamente mejor que el de 2011,ya
que los aspirantes “no han sido seleccionados en razón de su idoneidad y
probidad”, sino por su “afinidad política con los gobernantes de turno”.
También nos dice que, “si se
toma en cuenta que una de las causas de la crisis judicial es la ausencia de
independencia de los jueces y magistrados debido a la excesiva injerencia
política”, la elecciones judicial del
próximo domingo “no es una solución a la crisis”, sino que, por el contrario,
la profundiza, como ocurrió en los últimos seis años.
Y es que en realidad, agrega,
“la finalidad que persigue el oficialismo” es “lograr la reelección indefinida
del Presidente y Vicepresidente del Estado”, como ha quedado demostrado con la
Acción de Inconstitucionalidad Abstracta planteada ante el Tribunal
Constitucional para que declare inaplicables los artículos 156, 168, 285 y 288
de la CPE.
“…resulta evidente –dice
Rivera- que el régimen político pretende consolidar un sistema judicial sumiso
para que la jurisdicción ordinaria no ejerza un efectivo control de legalidad
sobre los actos administrativos y sea efectivo en la persecución de los líderes
cívicos, sindicales, sociales y políticos”, y consolidar “una jurisdicción
constitucional sumisa para que no otorgue protección a los derechos de las
víctimas de la persecución política, para dar validez constitucional a actos,
decisiones o disposiciones legales o reglamentarias que contradicen a la
Constitución”.
Sobre aviso, no hay engaño.
La Paz, 27 de noviembre de 2017.
