Eduardo Galeano, autor de cabecera de muchos militantes del socialismo del siglo XXI, sostenía que “el árbitro es arbitrario por definición”  y lo describía como un “abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible”. Por supuesto, no se refería al árbitro electoral, sino al deportivo (El fútbol a sol y sombra), pero, al leer la observación del escritor uruguayo, uno no puede menos que pensar en el  Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El problema no es que, “tarjeta en mano, alza los colores de la condenación: el amarillo, que castiga al pecador y lo obliga al arrepentimiento, y el rojo, que lo arroja al exilio”, como corresponde a cualquier árbitro, sino que actúa en perjuicio de un solo equipo, el opositor, o en el mejor de los casos, para citar a otro “teórico” del fútbol, el argentino Jorge Valdano, hace “un arbitraje de Poncio Pilatos”: se lava las manos cuando el oficialismo faulea al rival.

Es cierto que el “trabajo (del árbitro) consiste en hacerse odiar”, como dice Galeano, y que –para citar a un dirigente de la FIFA– “al árbitro no se le paga por ser simpático”, pero también es evidente que un Tribunal Electoral no sólo debe ser independiente, transparente y neutral, sino que debe parecerlo.

El TSE acumula muchos pecados, tantos que no es difícil llegar a la conclusión de que es un árbitro descalificado, inhabilitado, que merece la tarjeta roja y su inmediata sustitución por un colegiado más solvente. Ya ni siquiera se lo puede comparar con la otrora famosa “banda de los cuatro” –numéricamente hablando, digo–, pues las 37 renuncias que ha acumulado en los últimos meses la han dejado como “la banda de los-cada-vez-menos”. ¿Quedará alguien para apagar la luz antes de que empiece el partido?

Su pecado original es su abierta filiación progubernamental.  El primer rodillazo que admitió contra la democracia fue la imposición de un calendario electoral  ad-hoc, incluidas unas primarias destinadas a legitimar el binomio oficialista. Acto seguido habilitó a los candidatos masistas, a pesar de que el resultado del referéndum del 21F era vinculante, no sólo para su organizador y administrador, el TSE, sino para todos los ciudadanos, empezando para quienes juraron respetar y hacer respetar la Constitución. De allí en más, todo fue para menos.

Sus decisiones y omisiones no sólo atentan contra principios democráticos elementales, sino contra el  sentido común.  De otra manera no se puede entender, sólo para poner un ejemplo, que no ponga coto al uso y abuso de los bienes del Estado en beneficio de la candidatura oficialista.

A las denuncias de supuestas irregularidades en el empadronamiento, registros forzados  y “acarreo” de votantes, formuladas por la oposición,  se sumaron en los últimos días nuevas amenazas de parte de militantes masistas a los candidatos opositores y la promesa de ayuda oficial a cambio de votos.  Un dirigente campesino de Potosí amenazó con “envenenar a los q’aras” que se atrevan a realizar campaña en el campo, en tanto que el Presidente  ofreció a los pobladores de una comunidad cochabambina darles “lo que pidan” a cambio del 100% de sus votos.

El oficialismo trató de minimizar la amenaza del dirigente campesino al describirla como una simple “metáfora” y el mandatario dijo que su oferta había sido una broma, pero, en lugar de actuar de oficio, y con energía ante tales hechos para evitar su repetición, el TSE asumió el papel de Pilatos y derivó la responsabilidad a las instancias judiciales, ignorando que la Ley de Régimen Electoral prohíbe  “obstaculizar o impedir la realización de campaña electoral mediante violencia o vías de hecho” y que la autoridad electoral  debe garantizar “de oficio” el efectivo ejercicio de los derechos lesionados por actos de violencia o vías de hecho.

Lo cierto es que el TSE ha perdido credibilidad, un capital básico para el arbitraje de unas elecciones, al punto de que crecen las voces que reclaman la dimisión y sustitución de sus miembros. El propio vocal “institucionalista” Antonio Costas ha puesto en cuestión el trabajo de sus colegas con una carta que detalla algunas falencias en la organización de los comicios de octubre próximo. Como suele ocurrir, el oficialismo minimizó el planteamiento.

Pero ya no se trata únicamente de la existencia de dudas razonables sobre su transparencia, independencia y neutralidad, sino del creciente temor de eventuales preparativos para torcer o manipular la voluntad popular.

Resulta iluso suponer que el Gobierno aceptará introducir cambios en un tribunal que ha sido hecho a su medida. El régimen masista sacrificó la institucionalidad del Órgano Electoral, lograda por la “Corte de los notables”, como parte de su estrategia hegemónica para eternizarse en el poder. Si estuviera seguro de que puede ganar limpiamente, no lo sostendría contra viento y marea.

Fracasada la constitución de un frente unitario, el único camino que le queda a la oposición es la unidad en el control del proceso para evitar actos fraudulentos. La legislación electoral boliviana es garantista, pero requiere de la vigilancia ciudadana. Por eso llama la atención que no haya negociaciones entre los diferentes partidos para garantizar la presencia opositora en todas las mesas y en el escrutinio el día de los comicios.

¿Los partidos tienen tantos militantes para hacerlo cada uno por su cuenta y renunciar al control conjunto y coordinado? No hacerlo es allanar el camino para las arbitrariedades y las tentaciones autoritarias, digo yo.

Página Siete – 4 de julio de 2019

Winston  Churchill solía decir que no hay nada más indigesto que las propias palabras. Que lo digan los políticos. Y allí están las hemerotecas para recordarnos y recordarles sus idas, y venidas, sus inflexiones dialécticas, cuando intentan borrar con el codo lo que escribieron con la mano. Eso sí, son duchos en enmendar la plana: donde dije digo, digo Diego. Sin embargo, sus rectificaciones no suelen ser inocentes ni libres de intención. Es decir, no sólo que no se indigestan con sus contradicciones, sino que las utilizan sin pudor alguno para la construcción de “verdades alternativas” con las que pretenden justificar sus proyectos hegemónicos.

Recordé las palabras del estadista británico a propósito de una declaración poco difundida de nuestro Presidente, una entrevista que concedió al diario mexicano La Jornada nueve meses después del estallido del “caso Zapata”, en la que se desdice olímpicamente de todo lo que había dicho –admitido– sobre el tema cuando se hizo público su romance con la señora Zapata.

Como todos recordarán, dos días después de que el periodista Carlos Valverde revelara el caso y mostrara un certificado de nacimiento que supuestamente documentaba el hecho, el propio Presidente confirmó la información. Dijo textualmente: “A Gabriela Zapata Montaño la conocí en 2005. Era mi pareja. En 2007 tuvimos un bebé y lamentablemente, nuestra mala suerte, ha fallecido. Tuvimos problemas y a partir de ese momento nos distanciamos”. Esto lo oímos y lo vimos todos por televisión. Lo dijo el 5 de febrero de 2016.

Nueve meses después, en la entrevista mencionada, publicada el 14 de noviembre, dio vuelta a su primera versión como un calcetín. “El movimiento social –declaró al diario mexicano– planteó este tema del referendo (para la reelección). Y la derecha lo enfrentó en base de mentira, de codicia. Inventó una mujer y un niño, y dijo que era hijo de Evo. Es más, dijo que el niño había muerto. Todo era mentira. Y ahora que se investigó resulta que ni siquiera había habido niño. Pero ya quedó la calumnia. La prensa se comportó como un cártel de mentiras. El tema estaba bien organizado. Lo planificaron con anticipación. Cuando no pueden tumbar ideológicamente ni democráticamente usan a la familia y hasta un niño inexistente. A mí realmente me ha sorprendido”.

Y, claro, uno se pregunta, pero ¿no fue el propio Presidente el primero en confirmar que había tenido una relación con la señora Zapata, que tuvo un hijo con ella y que éste murió posteriormente? Si hubo un invento, no fue precisamente de la prensa.

Otra “posverdad”: Una semana antes del referéndum, el 15 de febrero de 2016, el presidente Morales dijo una cosa sensata: “Si el pueblo dice ‘no’, ¿qué podemos hacer? No vamos a hacer golpe de Estado. Tenemos que irnos callados”. El 22 de febrero, un día después de la consulta, declaró textualmente: “Aunque con un voto o con dos votos va haber un ganador, eso se respeta.

Esa es la democracia”. Dos días después, el 24, agregó como quien no quiere dejar ninguna duda al respecto: “Quiero decirles que respetamos los resultados, es parte de la democracia”.

En este caso, fue el vicepresidente, Álvaro García Linera, quien enmendó la plana apenas dos semanas después. En una declaración al diario El Deber, afirmó: “En verdad, lo que hubo es un empate. Han ganado por 70.000 votos, eso no es ganar, eso es empatar…”.

Y aquí también uno se pregunta. Pero, ¿no era que el gobierno aceptaba la victoria del No incluso por uno o dos votos? Resulta que no hubo victoria del No, que hubo un “empate”, y como hubo empate, el pueblo debía desempatar. El No ganó con el 51,3% de los votos (2.682.517) contra el 48,7% del SI (2.546.135). Es decir, no con uno ni con dos votos de diferencia, sino con 136.382.

Evo Morales, que el 5 de febrero de 2016 afirmó una cosa y el 14 de noviembre siguiente todo lo contrario, nunca dio una explicación sobre esta flagrante contradicción. No dijo que se había equivocado o que la señora Zapata lo había engañado. Y, por supuesto, tampoco pidió disculpas a la prensa por haberle atribuido una mentira que no era de su responsabilidad.  Tampoco explicó por qué cambió de opinión respecto al resultado del referéndum. Su desconocimiento, ¿es o no es un golpe de Estado?

Sobre la “posverdad” del “caso Zapata, la supuesta mentira que Evo Morales atribuye a los medios independientes, el gobierno se sacó de la manga la patraña del “cártel de la mentira”, y sobre otra “posverdad”, el “empate” del 21 de febrero, construyó la campaña para desconocer el resultado del referéndum. Conviene  recordarlo ahora que empieza la campaña electoral y para saber cómo llegamos donde llegamos.

Un viejo proverbio chino dice que el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Evo Morales será esclavo de sus palabras, aunque intente encubrir  sus afanes hegemónicos en un supuesto  derecho humano a la reelección indefinida. Al tiempo.

Página Siete – 20 de junio de 2019

Las campañas electorales no son lo que eran. Las redes sociales han sustituido a las plazas y parques en las proclamaciones y actos de masas. Los “trolls” y los “guerreros digitales” han reemplazado  a los activistas que recorrían las calles pintando consignas y pegando carteles. No lo hacen para difundir las propuestas de sus candidatos, sino para demoler al rival con mentiras y calumnias, para imponer su propia agenda. La “guerra sucia” siempre ha existido, dirán algunos. Cierto. Pero las campañas de manipulación y linchamiento cuentan ahora con cajas de resonancia que antes no existían. Es la otra cara de las redes sociales.

La victoria de Donald Trump y del Brexit en Gran Bretaña, en 2016, puso de moda la palabra “posverdad”. La Real Academia de la Lengua la define como una “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”. Como diría algún teórico, es la “marca blanca” de la mentira, un disfraz de “la mentira premeditada y organizada”, la mentira vendida como verdad.

En otras palabras, es la vieja “guerra sucia” elevada al infinito por las redes sociales, alimentada por usinas de noticias falsas o “verdades alternativas”, las “fake news” –otras dos palabras de moda–, con las que se pretende, precisamente, manipular, distorsionar o contrarrestar la verdad, cuando ésta resulta incómoda o imposible de negarla.

Muchos dirán que la guerra es en ambos sentidos. Evidente. Pero no es lo mismo que el acoso venga de un ciudadano de a pie, igualmente reprobable, que desde el poder, porque los ataques desde el poder no sólo buscan desprestigiar a los rivales políticos, manchar su honor, sino estigmatizarlos ante la opinión pública. No sólo eso. Las “verdades alternativas” tienen como otro objetivo ensuciar la cancha, “igualar” a todos en el mismo lodazal, para tapar o disimular las propias vergüenzas  (“¡tú también eres corrupto!”).

El triunfo del Brexit y de Trump también puso el tema del populismo –otra palabra de moda– en el tapete del debate global. La “posverdad” está directamente relacionada con el populismo. Se han aliado incondicionalmente. Y este fenómeno tiene mucho que ver con la esencia del periodismo, que es la búsqueda de la verdad y el escrutinio del poder.

Como dicen Cass Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser en su libro Populismo, los populistas quieren hacernos creer, desde una pretendida superioridad moral, que la sociedad está dividida entre los “puros”, que son ellos, y la “élite corrupta”, que son los demás; entre los “puros”, que, obviamente, expresan la “voluntad del pueblo”; y los “corruptos”, que están en contra de los intereses populares.

La experiencia muestra cómo los líderes populistas se han puesto a demoler las instituciones y el sistema democrático, invocando esa misma democracia que les ha permitido conquistar el poder, mientras sus seguidores propagan sus “verdades” a punta de tuits, al servicio de una estrategia de manipulación y linchamiento, eludiendo toda  fiscalización. Su objetivo: eternizarse en el poder. Su primer blanco: los medios independientes.

Las redes sociales viralizan la “guerra sucia”, pero, muchas veces, los medios convencionales, en lugar de “atajar” las noticias falsas, las confirman al difundirlas sin cotejar su origen ni contrastarlas con las fuentes apropiadas.

En una entrevista concedida al semanario católico belga Tertio, el propio papa Francisco alertó a los medios de comunicación y a los periodistas de no caer “en la enfermedad de la coprofilia” (la atracción por los excrementos), para no inducir a la opinión pública a la “coprofagia” (la ingestión de excrementos). De esta manera, el Papa nos advertía sobre el peligro de convertir al planeta en un estercolero. Es una de las grandes responsabilidades de la prensa en la actualidad.

Antonio Caño, exdirector del diario El País de Madrid, dijo que la “posverdad” no sólo está poniendo en peligro la libertad de prensa, sino toda la arquitectura de libertades y derechos que conforman una democracia: “La mentira es mentira, aunque se llame posverdad. Y la posverdad es el prefascismo”, advirtió. Así de grave.

En la “época de la posverdad”, como se la denomina a la actual, las “fake news” encuentran un campo abonado en las campañas electorales. Y no es necesario remontarse a las elecciones estadounidenses ni al Brexit para comprobarlo. ¿No apeló el gobierno a “verdades alternativas” para deslegitimar y desconocer el 21F?

Las campañas electorales no son lo que eran. Se dice que la verdad es la primera víctima de una guerra. Podríamos decir lo mismo de los procesos electorales. El nuestro ya empezó. Y todavía no hemos visto lo peor.

Página Siete – 6 de junio de 2019