El Estado y el secreto van de la mano en el ejercicio del poder. El “secreto de Estado” es la ocultación de la información al escrutinio ciudadano en función de una no siempre razonable “razón de Estado”, resultado de una decisión política que mantiene cerrados archivos oficiales, sean gubernamentales, militares o de cualquier otro tipo. Daniel Ellsberg, el analista estadounidense que filtró los “papeles del Pentágono” a The New York Times en 1971 sobre la guerra del Vietnam, dijo alguna vez que “los secretos de Estado no son necesarios para la seguridad nacional; son necesarios para evitar que los ciudadanos sepan lo que su gobierno está haciendo”.

El “secreto de Estado” mantuvo en el misterio durante 30 años el lugar donde fue sepultado el cuerpo de Ernesto Che Guevara, ejecutado en La Higuera en octubre de 1967. Es también el que impide conocer, 45 años después, la ubicación de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal, asesinados el 17 de julio de 1980 durante el golpe militar de Luis García Meza y Luis Arce Gómez.

Los jefes militares responsables de la ejecución del Che Guevara se llevaron el secreto a la tumba, comprometidos en un “pacto de silencio”, como ocurrió también con los líderes golpistas que planificaron y ordenaron el asesinado de Quiroga Santa Cruz y Flores Bedregal. Pero como nadie está obligado a guardar secretos ajenos, tras el fallecimiento de los comandantes antiguerrilleros de 1967, surgieron los testigos que permitieron la localización y exhumación del cuerpo del Che, el 28 de junio de 1997, en la vieja pista de Vallegrande. No ocurrió lo mismo con las víctimas del asalto armado a la sede de la Central Obrera Boliviana (COB).

Historiador riguroso y cronista de pura sangre, Robert Brockmann apela a sus mejores dotes de investigador y narrador para reconstruir la historia del 17 de julio de 1980.  No solo ordena y sistematiza los datos y testimonios hasta ahora conocidos, sino que busca y explora las pistas que eventualmente puedan arrojar nuevas luces sobre las circunstancias de la muerte y el destino de los restos de Flores Bedregal, dirigente de una de las facciones del Partido Obrero Revolucionario (POR), y Quiroga Santa Cruz.

Los dirigentes del CONADE (Consejo Nacional de Defensa de la Democracia) fueron víctimas de una emboscada en toda regla, que convirtió a la sede de la COB en una ratonera. Los golpistas buscaban neutralizar la resistencia al golpe fascista, pero también descabezar a la izquierda boliviana que vivía un momento de ascenso político. Los líderes allí reunidos cayeron en la trampa. Supusieron ingenuamente que el “ruido de sables” estaba focalizado en la lejana Trinidad, confiaron en el respaldo popular y, en algunos casos,  en su propio ascendiente y prestigio personal.

Era el caso del líder socialista. Como relaté en la semblanza que le dediqué en mi libro Semejanzas (Plural, 2018), Quiroga Santa Cruz, a quien acompañé en su última campaña electoral, pensaba que los militares nunca cumplirían la sentencia de muerte que habían dictado en su contra. “¡No se atreverán!”, me dijo la noche que García Meza lanzó públicamente su amenaza, el 23 de junio (“A ese señor, las Fuerzas Armadas sabrán ponerle en su lugar, y yo como hombre”). Cuando le recordé que esa frase ya la había escuchado una vez en boca del general Juan José Torres, días antes de su secuestro y asesinato en Buenos Aires, el 2 junio de 1976, víctima de la “Operación Cóndor”, me respondió: “Si los militares quieren matarme, lo harán, haga lo que haga. Tendría que ocultarme debajo de las piedras o irme del país, y eso no lo voy a hacer”.  “La única posibilidad que tengo de evitarlo –agregó– es hacer que el costo político de un atentado sea para ellos tan alto que no se atrevan a intentarlo”.

La lógica de Marcelo tenía mucho sentido, era impecable, pero no era la de García Meza y sus secuaces, a quienes no les importó el costo político, como se vio, y sí se atrevieron a segar su vida, como también se atrevieron en el caso del general Torres.

Pocos días antes de la amenaza que le lanzó García Mesa, el jefe socialista recibió la visita de su amigo y compañero de gabinete en el gobierno del general Alfredo Ovando Candia (1969-1970), el general Juan Ayoroa Ayoroa. “Mira, Marcelo, tengo algo muy delicado que comunicarte”, le dijo en tono confidente en mi presencia. Aunque se encontraba en situación de retiro, Ayoroa mantenía muy buenos contactos con los militares en activo. “La situación dentro del Ejército está muy caldeada, te van a matar si sigues en la misma, debes cuidarte”, agregó, sin proporcionar mayores detalles de la confabulación de la que obviamente tenía conocimiento.

Marcelo le dio la misma explicación que le ofrecería días después, en la noche del 23 de junio, al arzobispo Jorge Manrique, un hombre avezado en la gestión de crisis y la mediación política, cuando le llamó para advertirle sobre el riesgo que corría tras la amenaza militar: “No es precisamente a mí a quien hay que recomendar moderación. Siempre he actuado con responsabilidad y serenidad, pero no puedo rehuir a mis responsabilidades ni renunciar a mis convicciones”.

Alguien dirá que Quiroga Santa Cruz y Flores Bedregal, alcanzado por una ráfaga dirigida al líder socialista, se encontraban en el lugar y el momento equivocados, pero lo cierto es que ambos acudieron a la sede de la COB obedeciendo a sus convicciones políticas y responsabilidades militantes.

Existen muchas versiones sobre los sucesos del 17 de julio de 1980 y el destino de los cuerpos de sus dos víctimas. Brockmann recoge las piezas dispersas para reconstruir el puzzle y ofrecer, por primera vez, un cuadro completo del hecho ocurrido ese aciago día, en una gran crónica, histórica y periodística. Según su reconstrucción, Flores murió cuando trataba de socorrer a Quiroga, quien recibió un solo disparo. Los cuerpos de ambos –Marcelo, herido–fueron trasladados al Estado Mayor. Pero, ¿qué ocurrió después? Es la pregunta que aún sigue sin respuesta. Las versiones hasta ahora conocidas son divergentes, puesto que los testimonios son igualmente contradictorios.

En todo caso, Brockmann considera posible la versión de Arce Gómez, quien señalaba a Banzer como el supuesto autor intelectual del doble crimen, no solo porque uno de los ejecutores era de su cuerpo de seguridad y el otro era jefe de seguridad de su esposa, Yolanda Prada, sino también porque el expresidente era el directo “beneficiario” de la desaparición física del líder socialista, quien le había instaurado un juicio de responsabilidades por varios delitos. ”Este muerto no es mío, es de Banzer”, había dicho Arce Gómez.

Brockmann no se queda en la reconstrucción de los hechos, sino que explora nuevas pistas, ata cabos y apunta a las más probables. Como dijo Stieg Larsson, el periodista y escritor sueco creador de la saga Millennium, “todo el mundo tiene secretos; la única cuestión es encontrar donde están». Brockmann va en pos de ellos y los encuentra –como suele ocurrir– donde nadie los busca.

Manuel Azaña, presidente la Segunda República española (1931-1939), dijo alguna vez que “la mejor manera de guardar un secreto es escribir un libro”. Cierto. Es así. Gracias al testimonio bibliográfico de algunos oficiales excombatientes, publicados años después de los hechos, nos enteramos de los entretelones de la campaña y la ejecución del Che Guevara. “Algo similar ocurre con la desaparición de los cuerpos de Carlos y Marcelo. ‘Alguien’ vio y oyó algo y lo contó a alguien más, y esa versión quedó registrada no en una, sino en dos novelas”, escribe Brockmann.

El autor de tales “infidencias” es un general retirado, dedicado a la literatura, que ocupó altos cargos en el Ejército, incluyendo la comandancia de una División, la dirección de la Escuela de Altos Estudios Nacionales, la Secretaría General del Consejo Nacional de Seguridad del Estado y un puesto en la Junta Interamericana de Defensa en Washington. Si bien su historia es “ficción”, sus fuentes son inobjetables. A tal punto que el Alto Mando militar censuró las obras del autor por violar el artículo 120 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, es decir, por difundir “secretos militares” sin autorización de sus superiores.

Si las Fuerzas Armadas consideran que la “revelación novelada” de un “secreto militar” infringe un artículo de la Ley Orgánica de las FF.AA, algo de cierto tendrá su contenido.

En un testimonio conmovedor, Brockmann relata en la introducción del libro que al recorrer en su moto la avenida Zavaleta, notaba en “cierto lugar, siempre el mismo”, un “súbito cambio de temperatura, un enfriamiento brusco, que te atraviesa el cuerpo”; que así  lo percibió durante muchos años, hasta que se ocupó de las muertes de Flores Bedregal y Quiroga Santa Cruz. Fue cuando dedujo el destino más probable de sus cuerpos. “Entonces, ese frío tomó otro significado”.

¿Están los restos de ambos dirigentes sepultados bajo el asfalto en las cercanías del Gran Cuartel de Miraflores? Es la hipótesis que plantea Brockmann tras su investigación.

En cualquier país del mundo que se rige por leyes, el “secreto de Estado” tiene fecha de caducidad. Los archivos se abren al escrutinio público en plazos establecidos, de 10, 20 o 30 años. No ocurre lo mismo en Bolivia, donde los archivos permanecen cerrados a cal y canto.

¿Qué impide conocer los sucesos ocurridos hace casi medios siglo? Como sostiene  Brockmann, “los generales que hoy son generales, hace 44 años eran niños de colegio, no hay ningún motivo por el cual no se abran los archivos militares, intentar tapar este secreto es intentar defender a García Meza”. En el caso de Flores, existe además una sentencia incumplida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que responsabiliza al Estado por su desaparición, exige encontrar sus restos, abrir los archivos militares y resarcir a la familia.

Paradójicamente, fue un gobierno conservador, “neoliberal”, el que facilitó la investigación y exhumación de los restos del Che Guevara, y son gobiernos de izquierda, que se dicen seguidores de las ideas de Quiroga Santa Cruz, los que protegen el secreto militar.

Como dice Julian Assage, el fundador de WikiLeaks, que también filtró documentos clasificados de Washington, “el secreto es para los conspiradores, no para los gobiernos democráticos”. Así actúan, como conspiradores o encubridores, quienes impiden el esclarecimiento del caso.

La ocultación de la información es un atentado de lesa humanidad, puesto que las familias tienen derecho a dar una sepultura digna a sus seres queridos y cerrar un luto de cuatro décadas, pero también es una violación de derechos fundamentales, humanos, civiles y políticos,  incluido el que tienen los ciudadanos de conocer los actos de sus gobernantes. No hay democracia sin derecho a la información. Es lo que distingue al Estado de derecho del autoritarismo. “La opacidad del poder – dijo Norberto Bobbio– es la negación de la democracia”.

“A casi cuatro décadas y media de los hechos”, escribe Brockmann, “la única explicación para la falta de datos verídicos sobre el destino de los cuerpos de Carlos Flores y Marcelo Quiroga Santa Cruz es la existencia de un pacto de silencio”. Pero, en Bolivia –agrega–, “un pacto de silencio es casi imposible. Los bolivianos no son conocidos por su capacidad para guardar secretos”.

Pero, ¿los bolivianos debemos depender de la infidencia de unos testigos para conocer la verdad sobre un hecho oprobioso como el que nos ocupa o debemos hacer valer nuestros derechos? La apertura de los archivos militares es un reclamo democrático que merece respuesta. Sin lugar a dudas, la investigación de Robert Brockmann contribuirá al logro de ese objetivo, además de perfilarse como un significativo aporte al esclarecimiento del caso.

La Paz, 5 de agosto de 2024