El periodista y poeta brasileño Oswald de Andrade dijo alguna vez que “en un incendio sin explicación, hay un silencio del tamaño del cielo”. Atribuir los devastadores incendios que afectan a la Amazonía y a la Chiquitanía al calentamiento global, como causa única y exclusiva del desastre, es una forma de silencio que elude no sólo las explicaciones, sino las responsabilidades de quienes tienen el deber de prevenir y combatir las catástrofes ambientales. Me refiero a los gobernantes cortoplacistas, extractivistas y negacionistas, cuyas políticas depredadoras actúan como chispas en el monte, porque incendiario no es únicamente el que enciende el fósforo, sino también el que proporciona el combustible para prender la pradera.
Evo Morales se queja de que “la derecha” lo culpa de las inundaciones, la sequía y los incendios que aquejan al país, pero él mismo reconoce que Bolivia no tiene equipos para enfrentar siniestros como el de la Chuquitanía. No los tiene. Tampoco tiene ni ha tenido políticas para prevenirlos, sino todo lo contrario.
No voy a insistir en la reacción tardía del Gobierno, su reticencia a acudir a la ayuda internacional y su negativa a declarar la emergencia nacional. Tampoco en el dispendio de recursos y la falta de criterio en la asignación de prioridades en el gasto público. ¿Improvisación? No es una novedad. La crisis del agua de hace tres años en La Paz pudo haberse evitado si las autoridades responsables hubiesen detectado a tiempo, como era su obligación, la reducción de los embalses.
En un recuento de la política gubernamental de los últimos 13 años, Página Siete enumeró las leyes y decretos sobre bosques y tierras que aprobó Morales durante su gestión. Las normas incluyen desde “perdonazos” para quienes ejecutaron desmontes por tala o chaqueo hasta ampliaciones de la frontera agrícola, pasando por la entrega de tierras para asentamientos humanos.
Las leyes 337 (1 /01/2013), 741 (29/09/2015), 1098 (15/09/2018) y 1171 (25/04/2019) perdonan los desmontes no autorizados realizados entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011; dan luz verde a los desmontes por tala o quema de hasta 20 hectáreas y autorizan “el buen uso y manejo integral de fuego a través de la quema planificada y controlada” para la producción de aditivos de origen vegetal para que Bolivia “ingrese en la era del etanol” y los biocombustibles.
La dotación masiva de tierras a colonos afines al Gobierno y la ampliación de la frontera agrícola ha provocado un chaqueo intensivo por parte de los nuevos agricultores para incrementar las áreas de siembra. Según un informe de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) de abril pasado –citado por Página Siete–, entre 2017 y 2018 se produjo un “incremento sustancial” de la deforestación (medio millón de hectáreas). Los propietarios privados fueron responsables del 63%, las comunidades campesinas del 31% y las comunidades indígenas del 6%.
Al negar la responsabilidad del Gobierno en la deforestación, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, dijo que los desmontes no son de ahora, sino que datan de 2001, cuando Hugo Banzer los autorizó, con el Decreto 26075. ¡Vaya argumento! ¡Todo un “proceso de cambio” para hacer lo mismo que hizo el neoliberal y derechista Banzer!
Es cierto que hay una responsabilidad colectiva internacional, no sólo nacional, ante el ecocidio que está viviendo el planeta. Como afirmó un diario madrileño, la selva se está quemando por “una mezcla de ignorancia e intereses truculentos” y es necesario que la sociedad reaccione ante esta “barbarie ambiental” para evitar daños irreversibles. Ya sabemos. Hay gobernantes del tipo Trump y Bolsonero a los que no conviene dejar una caja de cerillas al alcance de la mano, pero la caridad empieza por casa.
El Gobierno está pagando el precio –y los bolivianos con él– de la aplicación de un modelo de desarrollo extractivista depredador. Y no habrá cortafuegos que detenga el desastre si la sociedad no asume el rol protagónico que le corresponde en la defensa del hábitat común, empezando por la toma de consciencia sobre la magnitud y consecuencias de la catástrofe que nos afecta.
No deja de ser aleccionador para un régimen que ha hecho del pachamamismo su bandera que el incendio haya estallado precisamente en agosto, el mes de la Pachamama, aunque está visto que el culto del gobierno a la Madre Tierra se reduce desde hace tiempo a la k’oa de los actos oficiales. Ahí está el Tipnis como símbolo de lo que fue y no es más.
Me pregunto si el Presidente saldrá políticamente indemne de la Chiquitanía. Un político argentino dijo alguna vez, refiriéndose a los gobernantes supuestamente incombustibles, que hay “hombres de asbesto” que “cruzan sin chamuscarse los incendios de inoperancia que han encendido”. ¿Será? Lo veremos en las elecciones del 20 de octubre.
Página Siete – 29 de agosto de 2019