El líder político mexicano Francisco I. Madero (1873-1913), fundador del Partido Nacional Antirreeleccionista, dedicó su vida a combatir al dictador Porfirio Díaz (1830-1915), quien ocupó la presidencia de su país durante 30 años. En 1910 lanzó su campaña en busca de la presidencia al grito de “Sufragio efectivo, no reelección”. La proclama, contenida en el llamado “Plan de San Luis”, no sólo sintetizaba el espíritu de su propuesta política, el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas, sino que marcó el inicio de la Revolución Mexicana (1910-1917).

La Constitución de 1917, todavía vigente, recogió el espíritu de esa proclama y estableció la prohibición de la reelección presidencial. No sólo eso. El lema está tan presente en el pensamiento y en la política de los mexicanos que figura en toda la papelería oficial y al calce de la firma de los funcionarios de cualquier nivel.

Ningún político mexicano se ha atrevido a modificar esa disposición constitucional, menos aún quienes se proclaman herederos de la Revolución, como es el caso del actual presidente, Manuel López Obrador, quien participó en tres elecciones sucesivas (2006, 2012 y 2018). En las dos primeras dijo haber sido víctima de un fraude electoral. 

En 2006, llegó a encabezar un “plantón” de cientos de militantes de su partido en el céntrico Paseo de la Reforma, al que mantuvo bloqueado  durante 47 días, en demanda de un recuento “voto por voto” y en protesta por la decisión del tribunal electoral de reconocer el triunfo del conservador Felipe Calderón. También se dijo víctima del fraude en 2012 ante Enrique Peña Nieto.

Como dirigente de la Corriente Democrática, una fracción disidente del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), López Obrador también participó activamente en las protestas contra el supuesto fraude en perjuicio de su candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, y a favor de Carlos Salinas de Gortari, en las elecciones del  6 de julio de 1988. 

Durante la noche electoral de ese día y cuando el recuento favorecía a Cárdenas,  se produjo una sorpresiva “caída del sistema” (de cómputo), que, al restablecerse, 24 horas después, le dio la victoria a Salinas de Gortari por 50,36%, algo parecido a lo ocurrido el 20 de octubre en Bolivia, cuando el tribunal electoral interrumpió el recuento, al 83,79% de actas verificadas, que apuntaba a una segunda vuelta, pues la diferencia entre Evo Morales y Carlos Mesa era de 7,12%.

Por todos estos antecedentes llama la atención la actitud del gobierno de López Obrador respecto al expresidente Morales, a quien recibió como héroe, supuesta víctima de un “golpe de Estado”, ignorando las maniobras prorroguistas de su huésped, que se tradujeron en el desconocimiento de un referéndum, el que le impedía buscar la reelección,  y el fraude comprobado del 20 de octubre.  

México tiene una larga tradición de asilo. A lo largo de su historia ha dado protección a muchos perseguidos políticos sin distingos ideológicos. Desde los republicanos de la Guerra Civil española hasta los militantes de la izquierda latinoamericana de los años 60 y 70. Ha dado refugio a personajes como León Trotsky, Jacobo Arbenz, Fidel Castro y el Sha de Irán. Ha sido, pues, un país generoso que ha mantenido siempre las puertas abiertas para quienes se sentían perseguidos por sus ideas y actividades políticas. Al mismo tiempo, ha sido cuidadoso en la aplicación de uno de los principios rectores de su política internacional, el de la no intervención en los asuntos internos de otros estados (Doctrina Estrada).

López Obrador no sólo ha recibido a Morales como un héroe (el gobierno capitalino le ha declarado “Huésped Ilustre”), sino que ha tomado partido por el mandatario renunciante. Ha sido el primer en felicitarle por su controvertida “victoria” electoral, junto con los gobiernos cubano, venezolano y nicaragüense, y le ha brindado una tribuna libre para alentar la “resistencia” violenta de sus partidarios, en abierta contradicción con su propia política de no intervención.

En su afán de mantenerse en el poder en forma vitalicia, Evo Morales violó en dos ocasiones la Constitución que él mismo promovió y elaboró –a su medida y conveniencia–, ignoró el referéndum del 21 de febrero de 2016, cuyo resultado prometió respetar, y la Organización de Estados Americanos lo sorprendió haciendo fraude con una auditoría vinculante que él mismo solicitó.

La pregunta es qué hace un pueblo cuya voluntad ha sido burlada en dos ocasiones. ¿A quién se queja? ¿A qué tribunal apela? ¿Por qué López Obrador cree que sus protestas contra los fraudes de los que dijo haber sido víctima eran legítimas y la de los bolivianos no? Los bolivianos defendieron su voto con una movilización pacífica, como no podía ser de otro modo, que obligó a Morales a renunciar a su intento reeleccionista. Lo hizo con el mismo espíritu que planteaba Francisco I. Madero:  “Es preciso arrojar del poder a los audaces usurpadores que por todo título de legalidad ostentan un fraude escandaloso e inmoral”.

Página Siete – 21 de noviembre de 2019

Para un régimen tan afecto a los símbolos, como el masista, no deja de ser simbólico -valga la redundancia- que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haya concluido el recuento que daba la victoria a Evo Morales en horas de la madrugada. Apelando al dicho popular, se podría decir que el parto del escrutinio se produjo “entre gallos y medianoche”, pero en este caso sería más apropiado hablar de “premeditación, alevosía y nocturnidad”, que son las agravantes que establece la teoría penal para ciertos actos delictivos.

Se dice también, para citar otro adagio popular, que lo que mal empieza, mal acaba. Sin remontarnos al 21F, la verdadera madre del cordero, está claro que el origen inmediato de la crisis que sacude actualmente a Bolivia está en la suspensión arbitraria del TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) por parte de los vocales del TSE. 

Hasta entonces, con el 83,79% de actas verificadas, la diferencia entre Morales y Carlos Mesa era 7,12%, cifra que auguraba una segunda vuelta. Al reanudarse el cómputo 13 horas después, había aumentado al 10,14%, mínimo suficiente para declarar a Evo ganador en primera vuelta. Mientras tanto, en forma paralela a la orden, se había producido un misterioso corte de  internet.

Marcel Guzmán de Rojas, gerente de Neotec, la empresa que administró el TREP, ha explicado las circunstancias en que la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, le ordenó la suspensión del recuento y lo convocó a una reunión urgente, en la que alegó como causales de la orden “el uso de un servidor no monitoreado”, “el aumento inesperado de tráfico para verificación de actas (desde ese mismo servidor)” y “el cambio repentino de la tendencia entre el MAS y CC”.

Guzmán de Rojas aclaró las objeciones planteadas por Choque y sostuvo que “ninguno de los argumentos presentados justificaban la suspensión del TREP”, incluyendo el de la tendencia de los resultados relativos, que era “lineal y sin saltos”. No se conocen todos los detalles de la reunión. Se sabe que fue breve y áspera.

Tampoco se sabe quién ordenó a Choque suspender el TREP. Cuesta creer que hubiese tomado una decisión de semejante magnitud sin el conocimiento y el visto bueno del Gobierno, habida cuenta de la sumisión del TSE al Ejecutivo. Altos funcionarios gubernamentales admiten en privado que la suspensión del TREP fue un “grave error”, puesto que fue esa decisión la que abrió la caja de los truenos. ¿Temía el Gobierno que el supuesto “cambio repentino de la tendencia entre el MAS y CC” terminara por confirmar la segunda vuelta? 

Tal vez convenga recordar lo acontecido la noche del 21F. En la ocasión, los vocales intentaron interrumpir el TREP –igualmente realizado por Neotec- cuando la tendencia apuntaba al triunfo del No, pero la entonces presidenta del TSE, Katia Uriona, logró impedirlo. Ordenó la difusión del recuento en momentos en que Álvaro García Linera hablaba de un “empate” e instaba a la opinión pública a que esperara “los resultados del exterior”. ¿La decisión de Uriona impidió un fraude?

A partir de la suspensión del TREP, el Gobierno ha ido de error en error y de torpeza en torpeza en el manejo de la crisis, incluido el cerco del aeropuerto de El Alto para impedir el ingreso de Luis Fernando Camacho. ¿Señales de nerviosismo? Tal vez, pero también de descontrol. Se dice que quien tiene el control tiene el poder o, a la inversa, quien tiene el poder tiene el control.

El ministro Carlos Romero dijo que la Policía fue “rebasada” por la turba masista. Cuesta creerlo. Si fuera cierto, es grave; si no, también. Como en el caso del TREP, uno se pregunta quién ordenó el cerco, porque si hay algo claro es que no fue una acción espontánea. Los palos de ciego del Gobierno, como en el caso Camacho, parecerían mostrar la existencia de una pugna interna entre quienes ven a Vietnam como salida de la crisis y quienes prefieren esperar la auditoría de la OEA.

Fuentes diplomáticas creen que los auditores ratificarán el informe de los observadores, en sentido de que el proceso estuvo rodeado de irregularidades -“condiciones muy complejas”-,  incluido el “cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares”, y recomendarán una segunda vuelta como vía para pacificar el país. ¿Aceptaría el Gobierno esa salida? La oposición no lo hará, sobre todo si la convoca el mismo TSE.

En todo caso, no hay auditoría capaz de devolverle al TSE la credibilidad perdida ni de otorgarle a Evo una legitimidad no ganada en las urnas. Pero, además, después del 20 de octubre, Evo no es el mismo, ni Bolivia es la misma. Que lo diga la juventud que encabeza la protesta democrática. 

 Mientras tanto, ojo con ciertos llamados al “restablecimiento del orden”, porque -como dijo Diderot- para algunos, “poner las cosas en orden siempre significa poner las cosas bajo su control”.

Página Siete – 7 de noviembre de 2019

Evo Morales denunció los aprestos de un supuesto “golpe de Estado” contra su “derecho humano” a la reelección vitalicia; mientras la “banda de los cada vez menos” intentaba rescatar la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) con fórceps, arañando céntimas, para evitar la segunda vuelta.

Julio Cortázar decía que “los tics y el aire cínico no van muy bien juntos”. No deja de ser gracioso, si no fuera por lo trágico de la hora actual, que el presidente que desconoció un referéndum reclame ahora el respeto al voto popular o que el mismo líder indígena que ordenó la represión de Chaparina acuse de “racismo” a quienes exigen transparencia en el recuento de votos. Pero los tics presidenciales de ver un complot de la derecha y el imperio detrás de cada protesta ya no cuelan.

Si hay un golpista en la Bolivia del “proceso de cambio” es el propio Evo Morales. Y no lo digo yo. Lo dijo él mismo cuando afirmó públicamente, una semana antes del 21F, que desconocer el resultado del referéndum equivaldría a dar un golpe de Estado (“Si el pueblo dice ‘no’, ¿qué podemos hacer? No vamos a hacer golpe de Estado. Tenemos que irnos callados”). Y ahora va en camino de un nuevo golpe, esta vez para evitar una segura derrota en una segunda vuelta electoral. 

Visto lo visto la noche del recuento, ninguna auditoría externa, por independiente que sea, dará credibilidad al resultado que proclame la victoria del candidato masista en primera vuelta, una victoria que se daría, además, por unos pocos y sospechosos decimales, alumbrados con fórceps en una sala de urgencias. La política es como el cacho: se anota lo que se ve. Y lo que se vio esa noche fue un verdadero desastre. Si no, pregúntenle al renunciante vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE)  Antonio Costas.

¿Quién ordenó al Tribunal paralizar la difusión del conteo rápido? No es difícil imaginarlo. El primer informe del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), a cargo de la empresa Neotec, auguraba –con el 83% de votos computados– una segunda vuelta, en coincidencia con el recuento de la encuestadora –poco sospechosa de opositora– Víaciencia.

Fuentes allegadas al organismo electoral dicen que los vocales que tomaron la decisión –en ausencia de Costas–, no sólo estaban asustados, sino furiosos con Neotec, porque veían que los datos eran contrarios al interés y las expectativas del oficialismo. Es más, se supo que en forma coincidente a la orden de suspensión, Neotec sufrió un sospechoso corte del servicio de internet.

¿Qué ocurrió durante el “apagón”? Ya se sabrá. Más allá de cualquier especulación, lo cierto es que, al reanudarse la difusión de los resultados del conteo rápido, 24 horas después,  el escrutinio mostraba un inexplicable “cambio drástico”, como lo calificaron los observadores de la OEA, que alejaba la posibilidad del balotaje. Como dijo Costas, la “desatinada” decisión de suspender la publicación de los resultados del TREP  “derivó en la desacreditación de todo el proceso electoral, ocasionando una innecesaria convulsión social”. 

El hecho me recordó la noche electoral del 6 de julio de 1988 en México. Cuando el recuento de votos favorecía al candidato opositor Cuauhtémoc Cárdenas,  cuya victoria hubiese puesto fin al entonces septuagenario sistema político mexicano de partido único, se produjo una sorpresiva “caída del sistema” (de cómputo). Al restablecerse, 24 horas después, el escrutinio  le daba el triunfo al oficialista Carlos Salinas de Gortari. Y -¡qué casualidad!- le reconocía las 36 centésimas que necesitaba para asegurarse la mayoría (50,36%). 

En mi columna previa a las elecciones (“Del modesto jersey a la chaqueta de diseño”) y a propósito de un dicho de Winston Churchill, quien afirmó que “tras un recuento electoral, sólo importa quién es el ganador; todos los demás son perdedores”, yo había escrito que probablemente el 20 de octubre no habría un solo ganador, sino dos, o que el verdadero vencedor sería el segundo, porque la polarización del balotaje daría la ventaja al opositor. En el mismo artículo me preguntaba si Morales respetaría el veredicto popular. Si no lo hizo una vez, argumentaba, ¿por qué lo haría ahora?  Resultaba difícil de creer que alguien que desconoció un referéndum, precisamente para conservar el poder, iba a entregarlo mansamente en una nueva elección.

Morales cree que hay un complot detrás de las protestas populares que están incendiando el país. No hay conspiración. Hay indignación, una indignación que ha ido fermentando desde el 21F y que ha estallado ahora, con un segundo NO de más del 50%. Si el presidente piensa que el 21F hubo un “empate” que merecía un “desempate”, como argumentó, para desconocer el referéndum, lo lógico sería que acepte el “desempate” de la segunda vuelta, como le recomendó la OEA.

El filósofo austríaco Karl Popper (1902/1994) dijo alguna vez que la democracia no garantiza la elección del gobierno de los mejores, pero sí  permite deshacerse de los malos gobernantes. Más temprano que tarde. Morales lo sabe. Por eso no acepta la segunda vuelta plebiscitaria. Porque, en realidad, el 20 de octubre no cayó el sistema de cómputo del TREP. Lo que cayó es el sistema político masista, el llamado “proceso de cambio”.

Página Siete – 24 de octubre de 2019