El 12 de febrero de 2014, dos años y cuatro meses después de las primeras elecciones judiciales, el presidente Evo Morales admitió el fracaso de un experimento que su gobierno postulaba como una revolución en materia de justicia. Al inaugurar una Casa de Justicia en Muyupampa, municipio del departamento de Chuquisaca, dijo textualmente: “Yo quiero decir la verdad, aunque algunos se molesten. Creo que en vano incorporamos poncho y pollera en la justicia, no cambia nada”. Reconoció que “la retardación y la corrupción son el cáncer dentro de la justicia” y, dirigiéndose a los operadores de la justicia, dijo que todavía había tiempo para cambiar esta lacra y “de verdad hacer justicia en Bolivia”.
Previamente, el 23 de enero de ese mismo año, al asumir el cargo, la entonces ministra de Justicia, la abogada Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, consideró que la elección judicial había sido “un desacierto”. “Vamos a ser autocríticos –dijo-, a veces nos equivocamos. Es una posición personal, hemos podido ver que no está funcionando, yo creo que debería ser bajo méritos que se elija a los miembros del Consejo de la Magistratura, del Tribunal (Constitucional), Supremo de Justicia y Agroambiental, en base a su currículum y no en base al voto; yo creo que ha sido un desacierto. Sin embargo, creo que vamos a tener que trabajar para cambiar este tipo de situaciones”, afirmó entonces.
Quince meses después, el 22 de mayo de 2015, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, declaró a una canal de televisión que “un tribunal de justicia huele a azufre”. “La justicia está muy mal –dijo-, no hay una justicia rápida, barata y que obre en equidad y en legalidad. Se tienen un sistema judicial muy corrupto y lento, es un padecimiento entrar a la justicia y acercarse a un tribunal huele a azufre a diez cuadras de distancia”, señaló textualmente.
Era la época en que el Gobierno promocionaba la cumbre judicial como punto de partida para llevar adelante lo que el mismo García Linera definía como “profundas reformas institucionales” del sistema y el cambio de personal para, según dijo entonces, “deshacernos de los jueces corruptos”.
Un año después, el 27 de enero de 2016, la misma autoridad admitió: “La justicia en Bolivia está podrida, si tiene dinero, le va bien; si tiene tiempo, le va bien; si tiene amigos, le va bien; si tiene la justicia de su lado, no le va bien. Lo que prima por encima de la verdad es el amiguismo, el dinero y la presión, es una vergüenza”.
García Linera aceptó en la ocasión que el Gobierno se había equivocado. “Nos hemos equivocado y ahora queremos enmendar drásticamente, un giro de timón de 180 grados, para que haya una justicia rápida, gratuita y justa”, señaló en el programa “El hombre invisible”. Reconoció que el problema está en la elección de las autoridades judiciales. Dijo que antes se elegían mediante cuoteo político, pero, luego, bajo el actual Gobierno, se pasó a un cuoteo de organizaciones sociales y que “no había sido (bueno) ni lo uno ni lo otro”.
“Tiene que haber algún tipo de acción política y nuestra propuesta es que se elijan con criterios meritocráticos”, señaló a manera de conclusión.”Vamos a encontrar el consenso entre todos de cuál es la mejor manera de seleccionar jueces, cuál debe ser la calidad de los códigos, cómo debe mejorar la educación, cómo debemos sancionar a quienes rompen la norma; todo esto lo vamos a ver en esta cumbre que tiene que ser operativa”, agregó.
“La justicia está tan mal hoy, que no se puede corregir con pequeñas reformas, necesita un cambio estructural, una auténtica revolución que transforme sus pilares. Hoy no es justa, no es barata y no es rápida”, añadió.
Nada de eso ocurrió
Todo esto debía hacerlo la Cumbre de Justicia, realizada en junio del año pasado en Sucre, pero, ¿alguien recuerda cuáles fueron las conclusiones de ese evento? Si acaso una sola, que dio lugar a títulos llamativos de la prensa nacional: la propuesta para incorporar la pena de cadena perpetua para los delitos de violación contra niños y niñas seguida de muerte.
Seis años después de las primeras elecciones judiciales y un año después de la famosa cumbre, nos enteramos de que Bolivia se encuentra entre los 10 países con peor justicia del mundo, en el puesto 104 entre 113 países, de acuerdo con el ranking elaborado por la organización internacional Proyecto de Justicia Mundial (WJP), que publica anualmente un Índice sobre el Estado de Derecho.
Bolivia está por debajo de países como Nigeria, Bangladesh y Honduras. Es el penúltimo de América Latina y el Caribe, sólo superando a Venezuela, que ocupa el último puesto del ranking.
El índice toma en cuenta ocho parámetros para calificar el estado de derecho sobre una puntuación que va del 0 al 1: restricciones a los poderes del Gobierno, ausencia de corrupción, transparencia, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal.
¿Y qué dice el Gobierno sobre esta calificación?
El diputado masista Víctor López declaró: “Considero que se trata de una suerte de complot internacional para hacer ver a Bolivia como un infierno judicial. Lamentablemente, creo que estas organizaciones internaciones no toman criterios técnicos sino cuestiones políticas para elaborar sus informes”.
No sólo eso. Según un informe oficial, en el primer trimestre del año, la cantidad de detenidos en las cárceles, entre preventivos y con sentencia, sumaron 16.613. Se trata del número más elevado de los últimos 16 años de acuerdo a los datos de la Dirección de Régimen Penitenciario publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De los 16.613 detenidos hasta marzo de este año, apenas 5.028 tienen sentencia y 11.585 están con detención preventiva. Al comentar estas estadísticas, el ministro de Justicia, Héctor Arce, admitió que, evidentemente, “algo está mal” para que esto ocurra.
¿Qué es lo que ha pasado? ¿No había reconocido el Gobierno los errores y coincidido con los expertos en el diagnóstico?
Hablando ante un grupo de juristas extranjeros, García Linera dijo en junio pasado que “la justicia está enferma” y requiere de “una nueva pedagogía en la propia sociedad”.
“El mal viene de antes (…)”, así se haga hagamos 20 procedimientos penales, cinco reformas judiciales, cambiemos a todos los personeros de la justicia, barramos con los abogados y vengan otros abogados, vamos a seguir reproduciendo los males de la justicia que hoy por hoy todos las aborrecemos”, declaró.
La pregunta es: si conocemos los errores y acertamos en el diagnóstico, ¿por qué tropezamos ahora en la misma piedra?
La Cumbre de la Justicia transcurrió sin pena ni gloria. El Gobierno ignoró las propuestas de los expertos y convocó a la gente de siempre, a los representantes de las llamadas organizaciones sociales, desconocedores de la materia.
Los expertos coincidieron que la cumbre fue una oportunidad perdida. “La cumbre judicial ni siquiera ha tratado a fondo, y menos ha dado respuestas, el principal problema de la administración de justicia, que es la falta de independencia de todos los operadores del sistema judicial con relación al poder político; tumor cancerígeno del cual se derivan todos los demás males y defectos del sistema y que tienen de víctima al conjunto de la población boliviana”, resumió el constitucionalista Carlos Alarcón, a quien se ignoró el convocatoria, como a muchos otros experimentados juristas.
Eso sí, la cumbre determinó mantener la elección de altas autoridades del Órgano Judicial por voto popular y la preselección de los candidatos a cargo de la Asamblea Legislativa sin mayores cambios.
Todos conocemos el resultado de esta preselección y estamos en vísperas de una nueva elección de autoridades judiciales, en las que el elector deberá optar de una nómina de candidatos sólo conocidos por su adhesión y lealtad al partido de gobierno.
Pese a las advertencias y a las propuestas formuladas por expertos independientes para implementar una preselección meritocrática sin alterar el mandamiento constitucional, el Gobierno ha optado por la repetición de los métodos y por tanto de los errores, olvidándose de su autocrítica y sus golpes de pecho.
Pero, no sólo eso, resulta que ahora es la oposición la oposición la culpable de los males por impugnar a los candidatos oficialistas.
“La oposición quiere seguir manteniendo en pie la vieja justicia corrupta; creo que la oposición celebra la corrupción de la justicia actual”, dijo García Linera en junio pasado. Apelando al sanbenito antichileno de siempre, agregó: “La oposición como siempre, ha dicho que no debería haber elecciones, parecen chilenos, todo lo que hacen en su vida política, todo es no, todo es no”.
En la era de la posverdad, al Gobierno no le importa cambiar de paso y borrar con el codo lo que escribió con la mano. Si antes era cierto que el poncho y la pollera no habían cambiado nada en la justicia, como dijo el presidente Morales, o que el “cuoteo político” había sido sustituido por el “cuoteo de las organizaciones sociales”, como admitió García Linera, ahora, por la simple magia de la palabra, pretenden hacernos creer que una nueva elección –convocado bajos mismos métodos y parámetros- salvará a la justicia de todos sus males.
No es que los asesores gubernamentales no consulten las hemerotecas para contrastar las declaraciones de antes con las actuales. Si lo hacen, pero los imperativos coyunturales –y no tanto. son otros. Al poder político no le interesa una justicia independiente, porque una justicia independiente va en contra de la hegemonía que pretende mantener. Y menos aún en este momento en que se debate la presidencia vitalicia del Primera Mandatario.
Hace más de dos mil años, el poeta latino Marco Anneo Lucano dijo que la virtud y el poder no se llevan bien. “Aléjese de los palacios el que quiera ser justo. La virtud y el poder no se hermanan bien”, dejó dicho.
Y aquí, como se ha visto en las elecciones de 2011 y en las que veremos ahora, no son precisamente los justos los que se acercan al poder. Es el poder el que se rodea de sumisos para llevar adelante sus propósitos partidarios.
Las elecciones judiciales fueron implementadas para eso. Como recordó el abogado Gonzalo Mendieta Romero, en su origen no están ni Fausto Reinaga ni René Zavaleta, sino Rousseau y su país de origen, Suiza, y los asesores españoles de la fundación anticapitalista Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) que participaron en la redacción de la Constitución.
“Parece que la idea era cambiar de sucursal europea, no desarrollar pensamiento propio. De esto el Viceministro de Descolonización no se queja. El salto intelectual al vacío de las elecciones judiciales nació de un razonamiento elemental: la felicidad pública estaría garantizada si el poder constituyente mandara siempre y eligiera magistrados. No se preguntaron cómo reclutar a los mejores, cómo asegurar su independencia y que no se sometieran al poder prevaleciente o a la platita”, escribió Mendieta Romero.
Mendieta Romero cita un documento del consultor valenciano Martínez Dalmau, difundido por la vicepresidencia en 2009, en el que sostenía: “En el caso boliviano, ni se va a ir por la gerontocracia ni por la designación por el Presidente de la República o el Parlamento, se va a ir por la designación directa del pueblo, el pueblo va a decidir qué magistrados van a formar parte del tribunal constitucional, viendo sus currículums, sus trayectorias, sus publicaciones, y van a votar si quieren que tal persona esté o no (…) Eso van a poder hacer ustedes con el nuevo proyecto de constitución cuando pase a ser constitución. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Otros aspectos que no existen son, por ejemplo, la elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia (…)”.
Y esto es lo que hizo que el gobierno anticolonial de Evo Morales, aceptar el consejo de unos asesores extranjeros.
Pero el problema no es la elección como tal, sino, en este caso, la preselección, que ha sido espuria, bajo el control del partido de Gobierno, lo que lleva a suponer que los elegidos, como ocurrió en los últimos seis años, actuarán bajo ese mismo control. El Gobierno impuso a la lista de precandidatos a través de sus dos tercios en la Asamblea sin escuchar las observaciones y pedidos de la oposición.
¿Alguien conoce los méritos profesionales de alguno de los candidatos? Evidentemente, no están los mejores, porque no hubo una selección meritocrática, sino política, y, como dijo el escritor español Francisco de Quevedo, “menos mal hacen los delincuentes que un mal juez”.
Pero, como dije, el asunto no era elegir a los mejores, sino a los leales. Henry Oporto cita en el prólogo del trabajo que hoy presentamos a Luis Pásara, un experto peruano que estudió la experiencia boliviana. En el libro “Elecciones judiciales en Bolivia: Una experiencia inédita”, Pásara recuerda que “una función importantísima del juez es servir de control sobre el uso del poder. En un gobierno democrático, si usted no tiene una instancia ante la cual pueda reclamar el hecho de que se incurre en una inconstitucionalidad, una ilegalidad, en un abuso de poder de cualquier funcionario, si usted no tiene un juez para esto, ¿podremos hablar de democracia? ¿qué democracia es una en la que usted no tiene el derecho a reclamar lo que es un derecho?, se pregunta Pásara.
Y éste es el quid de la cuestión.
Resulta paradójico que el magistrado que más obtuvo en las elecciones de 2011, en las que los votos nulos y blancos superaron a los válidos en una proporción de 60 a 40%, haya sido expulsado del Tribunal Constitucional Plurinacional por actuar de manera independiente. Gualberto Cusi Mamani, quien obtuvo el 15,70% de la votación, se opuso a la re-reelección de Evo Morales, cuando el Tribunal Constitucional “interpretó” que los períodos anteriores a la aprobación de la Constitución, reconocidos en un artículo transitorio, no contaban parea la nueva era masista.
Evo Morales no podía ser candidato en las elecciones de 2014 no sólo porque se lo prohibía la Constitución, sino porque él mismo había empeñado su palabra. Pero se ve que eso no cuenta.
Y en este caso también conviene repasar la hemeroteca.
Una semana antes del referéndum, el 15 de febrero del año pasado, cuando se sentía ganador, el presidente Morales declaró: “Si el pueblo dice ‘no’, ¿qué podemos hacer? No vamos a hacer golpe de estado. Tenemos que irnos callados”.
El 22 de febrero, un día después del referéndum, Morales declaró textualmente: “Aunque con un voto o con dos votos va haber un ganador, eso se respeta. Esa es la democracia“. Dos días después, el 24, señaló: “Quiero decirles que respetamos los resultados, es parte de la democracia”.
Pero miren lo que declaró el Vicepresidente al diario El Deber hace tres semanas: “En verdad, lo que hubo es un empate. Han ganado por 70 mil votos, eso no es ganar, eso es empatar… “
¿No era que el gobierno aceptaba la victoria del No incluso por uno o dos votos? Ahora resulta que no hubo victoria del No, que hubo un empate, y como hubo empate, el pueblo debe desempatar. ¿No era que si ganaba el No se iban callados, porque de lo contrario era protagonizar un golpe de estado?.
Sobre esta posverdad –la derrota que se convierte en empate- el gobierno pretende construir la “verdad” –entre comillas- del supuesto “derecho humano” del presidente a la reelección vitalicia.
En el excelente trabajo que hoy presentamos, el constitucionalista José Antonio Rivera demuestra que el resultado del proceso de selección de los candidatos de este año no ha sido cualitativamente mejor que el de 2011,ya que los aspirantes “no han sido seleccionados en razón de su idoneidad y probidad”, sino por su “afinidad política con los gobernantes de turno”.
También nos dice que, “si se toma en cuenta que una de las causas de la crisis judicial es la ausencia de independencia de los jueces y magistrados debido a la excesiva injerencia política”, la elecciones judicial del próximo domingo “no es una solución a la crisis”, sino que, por el contrario, la profundiza, como ocurrió en los últimos seis años.
Y es que en realidad, agrega, “la finalidad que persigue el oficialismo” es “lograr la reelección indefinida del Presidente y Vicepresidente del Estado”, como ha quedado demostrado con la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta planteada ante el Tribunal Constitucional para que declare inaplicables los artículos 156, 168, 285 y 288 de la CPE.
“…resulta evidente –dice Rivera- que el régimen político pretende consolidar un sistema judicial sumiso para que la jurisdicción ordinaria no ejerza un efectivo control de legalidad sobre los actos administrativos y sea efectivo en la persecución de los líderes cívicos, sindicales, sociales y políticos”, y consolidar “una jurisdicción constitucional sumisa para que no otorgue protección a los derechos de las víctimas de la persecución política, para dar validez constitucional a actos, decisiones o disposiciones legales o reglamentarias que contradicen a la Constitución”.
Sobre aviso, no hay engaño.
La Paz, 27 de noviembre de 2017.